El Poder Judicial condenó a tres exservidores del Gobierno Regional del Callao y el productor musical Nilver Huarac. El caso está vinculado al manejo irregular de los recursos obtenidos en las ediciones 2017 y 2018 del festival Chimpún Callao.
La investigación fue impulsada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a cargo del fiscal provincial Wils Anselmo Hugo Gonzales Morales. La acusación fue sustentada en juicio oral por el fiscal adjunto provincial Julio Arturo Cupe González.
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De acuerdo con la tesis fiscal, los ahora sentenciados habrían actuado de manera concertada para perjudicar al Estado. El esquema, según la acusación, permitió que Nilver Huarac obtuviera más de S/ 440 000 provenientes de la venta de entradas del evento. La fiscalía sostuvo que dicho festival fue financiado en su integridad con fondos públicos. En ese contexto, el dinero recaudado por los boletos no ingresó a las cuentas de la entidad regional.
Omisiones en contratación y cobro de entradas
La investigación fiscal concluyó que los exgerentes regionales María Ramos y Cristian Hernández, así como el exjefe de Logística Juan Solís, omitieron regular el cobro de entradas en los contratos de organización del espectáculo. Para el Ministerio Público, esta omisión no fue accidental, sino deliberada. Esa falta de control permitió que el proveedor realizara la recaudación de manera masiva. Sin embargo, los montos obtenidos no habrían sido incorporados al patrimonio del Gobierno Regional del Callao.
Otro de los aspectos advertidos por la fiscalía fue que la propia entidad difundía oficialmente los precios de ingreso al festival. Pese a ello, no se adoptaron las previsiones necesarias para garantizar que esos fondos fueran administrados conforme a ley. Según la acusación, esta situación evidenció un proceso de contratación irregular. Además, se habría privilegiado el beneficio de intereses particulares por encima del deber funcional de proteger los recursos públicos.
Como resultado del juicio, se dictó una condena de seis años de prisión efectiva para María Ramos, Cristian Hernández y Juan Solís. Los tres fueron considerados autores del delito de colusión agravada. En el caso de Nilver Huarac, el órgano jurisdiccional le impuso nueve años de prisión efectiva. La sentencia lo identifica como cómplice primario del mismo ilícito penal.
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Reparación civil e inhabilitación
La decisión judicial también dispuso la inhabilitación de los condenados para ejercer función pública por periodos que van de seis a diez años. Asimismo, se ordenó el pago solidario de una reparación civil ascendente a S/568 709 a favor del Estado. Ese monto busca compensar el daño económico generado por los hechos materia del proceso. Para la fiscalía, el perjuicio derivó de una contratación irregular vinculada a la organización del festival.
No obstante, la ejecución de la pena quedó suspendida provisionalmente hasta que el fallo sea confirmado en segunda instancia. Mientras ello ocurra, los sentenciados deberán cumplir diversas reglas de conducta impuestas por el juzgado. Entre ellas, figura la prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización. También deberán presentarse mensualmente ante la autoridad judicial para informar sobre sus actividades, bajo apercibimiento de revocarse la suspensión.
