En entrevista para LP, la abogada de familia Cleidy Butrón abordó los principales problemas en los procesos de alimentos, explicando que, pese a la existencia de normativa específica, estos no siempre se desarrollan con la rapidez esperada. En ese sentido, advirtió que existen múltiples factores que dificultan obtener una pensión de manera oportuna y efectiva.
En ese contexto, la especialista señaló que dentro de estos procesos también surgen conflictos que desvían la atención de lo esencial, como ocurre cuando las partes incluyen gastos o discusiones accesorias. A partir de ello, introdujo una postura clara sobre cómo deben organizarse las prioridades cuando existen menores involucrados.
Entonces señor señora antes de pensar cuánto se va a aportar para el tema de las mascotitas necesitamos atender primero el tema del colegio, el tema de los niños. Si hay niños de por medio no debería ser prioridad la mascota. Suena feo pero en primera instancia hay que atender a los niños.
Si de ahí luego pueden conversar, llevarse de manera cordial y atender cómo se van a distribuir esta nueva obligación o esta obligación media distinta, bueno está bien. Pero a veces se entrampan en el problema de qué vamos a hacer con la mascota y a veces hay decisiones tristes que finalmente o las dan en adopción o deciden «Saben qué ya no se puede con esta responsabilidad». Pero antes de eso hay que atender a los pequeños.
Demoras en los procesos de alimentos
Durante la entrevista, Butrón explicó que uno de los principales problemas es la carga procesal en los juzgados, lo que impide cumplir con los plazos previstos en la norma. Según indicó, «el proceso de alimentos no debiera exceder más de un mes, mes y medio», pero reconoció que en la práctica existen limitaciones en distintos distritos judiciales.
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En esa línea, detalló que esta situación genera retrasos considerables en la programación de audiencias, señalando que «tenemos audiencias muy distanciadas de tres, cuatro, cinco meses porque simplemente no hay más cupo», lo que refleja la saturación del sistema judicial.
Carga procesal y retrasos acumulados
La abogada también advirtió que estos problemas no son recientes, sino que responden a una acumulación de casos en el tiempo. En ese sentido, explicó que los juzgados vienen trabajando «con cuatro o cinco meses de atraso», lo que dificulta aún más la resolución oportuna de los procesos.
Asimismo, sostuvo que esta situación impacta directamente en las partes involucradas, precisando que «eso perjudica a todo el mundo y en estos procesos en especial aún más problemas», debido a la naturaleza urgente de los alimentos.
Conflictos en torno a gastos y conciliaciones
Butrón también señaló que en la práctica surgen discusiones relacionadas con gastos específicos dentro del hogar. En ese sentido, explicó que existen casos donde las parejas plantean temas como «hemos adoptado una mascotita y esta mascota requiere sus vacunas, ¿Quién corre con los gastos?», lo que evidencia nuevas formas de conflicto en estos procesos.
Además, indicó que este tipo de situaciones puede trasladarse incluso a acuerdos formales, señalando que se han visto casos donde «se carga cierto monto dentro del acta de conciliación» para cubrir gastos vinculados a mascotas, lo que demuestra que estos temas ya forman parte de la práctica jurídica.
Errores en la estrategia de las partes
La especialista también abordó los errores que cometen las partes al momento de iniciar estos procesos. En esa línea, indicó que muchas veces se intenta «querer sacar una pensión muy alta o ir ante el juzgado a tratar de esconder tu posibilidad económica», lo que afecta la transparencia del proceso.
Asimismo, advirtió que estas prácticas no resultan eficaces, ya que «el día de hoy pretender ocultar ingresos pretender inflar el monto de la pensión es muy complicado porque todo es acreditable ahora», lo que permite al juez contrastar la información presentada.
Naturaleza de la pensión de alimentos
Finalmente, Butrón recordó que el proceso de alimentos responde a una obligación legal que debe ser asumida por ambos padres. En ese sentido, señaló que se trata de «un trabajo compartido» en el que ambos deben participar para garantizar el bienestar del menor.
Con ello, sus declaraciones evidencian que los principales problemas en estos procesos no solo se relacionan con el sistema judicial, sino también con la forma en que las partes plantean sus pretensiones y organizan sus prioridades dentro del conflicto.
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