La fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Canchihuamán, formuló acusación penal contra Richard Martín, Humberto Abanto, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, por la presunta conformación de una organización criminal «dedicada a la comisión de graves actos de corrupción, en arbitrajes de obras públicas, desde el 2011 hasta el 2015».
Este modus operandi «fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos, según la acusación».
La representante del Ministerio Público ha solicitado penas de prisión efectiva que van desde nueve años hasta 25 años y cuatro meses por delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.
Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis:
En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, luego de obtenerse los beneficios económicos, «estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción».
Según la Fiscalía, este caso constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial.
