Los abogados Roberto Shimabukuro y Renzo Monroy, miembros de la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales (ABPJ), explicaron los objetivos de la organización durante una entrevista para LP. La iniciativa tiene como fin agilizar los procesos judiciales mediante acciones aplicables en los juzgados, sin esperar modificaciones normativas en el Código Procesal Civil.
Los entrevistados explicaron el concepto que fundamenta el proyecto institucional. «Una buena práctica es utilizar las normas que tenemos para que el proceso en sí cumpla su función: obtener propiamente una solución de un conflicto en el menor tiempo posible«, afirmó Monroy. Asimismo, indicaron que la finalidad de la asociación es visibilizar la labor de los jueces que implementan estos mecanismos.
Durante la transmisión, se expusieron casos de magistrados que ejecutan estas acciones procesales. Se mencionó al juez especializado en lo civil Javier Jiménez, quien utiliza resoluciones lacónicas para facilitar la comprensión de los niños. También se expuso el caso del juez de familia Jorge Pariasca, quien se traslada para realizar audiencias y dictar sentencias en los domicilios de las personas vulnerables.
En esa línea, al debatir sobre el legal design y la redacción de resoluciones, los invitados cuestionaron el uso innecesario de términos oscuros y gramática intrincada en el sistema de justicia. Sobre este punto, Shimabukuro indicó: «De lo que adolecemos muchos abogados es del ego, y a veces para hacer notar que sabemos mucho, hacemos más complejas las cosas«. El abogado agregó que la inteligencia artificial se perfila como una herramienta útil para adaptar estos textos a un lenguaje sencillo en pocos segundos.
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Los especialistas también detallaron mecanismos procesales para reducir los tiempos de los litigios. Ejemplificaron que programar la audiencia al momento de calificar la demanda en procesos sumarísimos y emitir el fallo en la audiencia única permite obtener sentencias en plazos de un mes y medio. En la entrevista se abordó además la participación de la organización en la Alianza Pro Bono. Los abogados explicaron que esta entidad filtra casos de personas de escasos recursos para que estudios jurídicos asuman su defensa.
Finalmente, los representantes anunciaron la apertura de una convocatoria dirigida a abogados de los sectores público y privado para recopilar propuestas aplicables en segunda instancia. «La idea es que postulen y al final hacemos una mesa de trabajo entre académicos, litigantes y propiamente jueces del Poder Judicial para debatir si esa buena práctica se considera como tal», concluyó Monroy.
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