Rafael López Aliaga replicó, este lunes 20 en sus redes sociales, el artículo de Luis Benavente publicado en Vox Populi Empresarial el mismo día. El analista político sostuvo que el ausentismo registrado en las elecciones generales del 12 de abril habría estado vinculado con la demora en la instalación de mesas de sufragio en distintos locales de votación.
Según indicó, el nivel de ausentismo llegó a 23.87%, cifra superior al promedio histórico de primeras vueltas entre 2001 y 2016, que fue de 15.88%. La diferencia, de 7.99 puntos porcentuales, representaría a 2 158 730 ciudadanos.
Demoras en instalación de mesas
Benavente afirmó que, al descontar el promedio histórico de ausentismo, se obtiene un exceso estimado de 1 815 924 electores que habrían acudido a votar, pero se retiraron sin sufragar debido a la tardía apertura de sus mesas. En esa línea, atribuyó esta situación a la demora en la llegada del material electoral y a la instalación de mesas con retrasos de cuatro, cinco, seis o hasta siete horas.
El autor del artículo señaló que esta estimación encuentra respaldo en las declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien informó después del mediodía del 12 de abril que existía «un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel de todo el proceso». Para Benavente, este dato confirmaría que un número considerable de ciudadanos no pudo ejercer su derecho al voto pese a haber acudido a los locales de sufragio.
Cuestionamientos a la ONPE
Benavente sostuvo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales habría vulnerado el derecho constitucional al sufragio y el principio de equidad electoral. En su artículo afirmó que «se les impidió hacerlo, porque no se habían instalado sus mesas de votación, por responsabilidad de la ONPE» y añadió que esta situación «impacta en los resultados» tanto de la elección presidencial como de la conformación del Congreso.
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Asimismo, indicó que las irregularidades denunciadas no solo afectarían la legitimidad del próximo gobierno, sino también la representación parlamentaria. Según sostuvo, «cuatro candidatos están en un mínimo rango de dos puntos de diferencia para pasar al balotaje», por lo que la imposibilidad de votar de una parte del electorado podría tener efectos en la definición de quiénes pasan a segunda vuelta y qué agrupaciones alcanzan representación congresal.
Posibles salidas jurídicas
Benavente planteó que la controversia debería resolverse mediante mecanismos constitucionales y judiciales. Una de las alternativas propuestas es la nulidad del proceso electoral y la convocatoria de nuevos comicios. Sin embargo, reconoció que esta posibilidad «tendría que resolverse de acuerdo con la Constitución y los principios del derecho y la justicia».
El analista añadió que, en caso no prospere la nulidad, podría adoptarse una medida focalizada sobre las mesas que abrieron con retraso. En ese contexto sostuvo: «De no ser posible la nulidad, una salida razonable sería la convocatoria a elecciones complementarias en aquellas mesas que abrieron con mucho retraso, hecho con el que se vulneró el derecho constitucional al sufragio».
