El congresista Pedro Edwin Martínez Talavera presentó una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra y los exministros César Sandoval Pozo y Raúl Pérez-Reyes Espejo. La acción se sustenta en la posible comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
El documento señala que los hechos se produjeron el 4 de octubre de 2025, cuando la entonces presidenta Dina Boluarte Zegarra aprobó el Decreto Supremo 015-2025-MTC, refrendado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Sandoval Pozo, mediante el cual «se aprueba el texto de la Adenda 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos».
Asimismo, la denuncia precisa que dicha decisión fue adoptada «tras la participación directa y el refrendo del titular encargado del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo», y que dicha adenda «aprueba la extensión ilícita, ilegítima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años; aun cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029″.
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El texto agrega que los funcionarios actuaron «careciendo de una adecuada valoración de la conveniencia al interés público, y atentando directamente contra la libre competencia en la contratación pública». El congresista sostiene que los denunciados:
Valiéndose del uso fraudulento de sus atribuciones funcionales, han dispuesto la renovación de un contrato de concesión suscrito para la duración inicial de tres décadas; duplicando su duración de manera previa a su vencimiento, evadiendo la necesaria e indispensable realización de concurso público para la selección de un nuevo concesionario.
Según Martínez Talavera, la extensión de la concesión se realizó «sin que exista ninguna justificación mínimamente razonable o válida para el hecho de entregar las plenas facultades de explotación y aprovechamiento de los recursos públicos a un agente privado cuya idoneidad y competencia no han sido acreditadas como adecuadas y suficientes».
En el documento se solicita que la Subcomisión determine la responsabilidad política de los denunciados y se resuelva inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de diez años.
Además, el congresista requierió que se remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Pedro Edwin Martínez Talavera, Congresista de la República del Perú, identificado con DNI No. XXXX, con domicilio procesal en plaza Bolívar, Av. Abancay, provincia y departamento de Lima, con teléfono WhatsApp No. XXXX, a usted respetuosamente me presento y digo:
1. Petitorio
En mérito a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política; interpongo Denuncia Constitucional por Infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de Colusión, Negociación Incompatible y aprovechamiento del Cargo; de los artículos 384 y 399 del Código Penal; en contra de lo siguientes:
• Dina Ercilia Boluarte Zegarra, identificada con DNI Nro. XXXX, en su condición de Ex Presidenta de la República.
• Cesar Carlos Sandoval Pozo, identificado con DNI Nro. , en su condición de Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones
• Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo, identificado con DNI Nro. , en su condición de Ex Ministro de Economía y Finanzas
A efectos de que se determine su responsabilidad y se resuelva Inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años; igualmente, que se remita la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones respecto al ejercicio de la acción penal correspondiente.
