PRESENTACIÓN
En el año 2004 iniciamos la apuesta por la instauración del modelo acusatorio que rige en casi todos los países de la región –salvo Brasil y Cuba–, con la finalidad de adecuar el proceso penal de nuestro país a los estándares mínimos de los Tratados Internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)1 , así como a las normas contenidas en nuestra Constitución Política. Esta transformación del sistema de justicia penal ha constituido un verdadero desafío para sus instituciones, las mismas que debieron reorganizarse y adecuar sus objetivos a las nuevas reglas que dicho modelo exige.
La implementación del Código Procesal Penal en el país, recoge una variada experiencia en cada distrito judicial donde fue aplicada, que se enriquece con el aporte de los diversos instrumentos de carácter interinstitucional elaborados bajo la conducción de la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, entre los cuales destacan: los Protocolos de Actuación Interinstitucional Específicos para la aplicación del Código Procesal Penal, la Guía Operativa de Litigación Oral con el Código Procesal Penal, así como los programas de capacitación dirigidos a estandarizar y fortalecer las capacidades de los operadores jurídicos para una mejor aplicación del Código Procesal Penal a nivel nacional.
La reforma emprendida responde al fenómeno de la constitucionalización del proceso penal, por lo que constituye una obligación para el Estado Peruano la promoción efectiva de derechos y garantías, en virtud de los cuales los ciudadanos —sobre todo víctimas e imputados— cambien positivamente su percepción sobre el sistema de justicia penal.
Asimismo, con la finalidad de fortalecer la generación de una nueva cultura legal acorde a las reglas del nuevo proceso penal, se vienen realizando permanentemente los concursos interuniversitarios de litigación oral; espacios académicos que permiten reconocer en nuestra sociedad que las reformas al sistema de justicia criminal son complejas y no se agotan con la sola aprobación de nueva normativa procesal penal, sino que requieren la participación activa de sus actores.
Cabe resaltar que, luego de la provisión de herramientas jurídicas y programas de capacitación sobre el nuevo modelo instaurado, deberemos avanzar hacia la consolidación de la reforma procesal penal; desafío que compromete aún más a las entidades y operadores jurídicos que conforman el sistema de justicia penal.
En ese sentido, consideramos que la apuesta por esta nueva forma de administrar justicia debe consolidarse sobre la base de estrategias de acción institucional conjunta dirigidas al fortalecimiento del conocimiento de herramientas, técnicas y programas de capacitación en favor de los operadores jurídicos, así como a la formación de profesionales del derecho con un nuevo perfil que resulte acorde al modelo actual.
