El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte dirigió el allanamiento con fines de incautación y desposesión de un inmueble del asentamiento humano-asociación de vivienda autogestionaria San Benito, la cual habría sido adquirida con dinero proveniente de un fraude informático, en el distrito de Carabayllo.
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El fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto, quien dirigió la diligencia, informó que la medida cautelar forma parte de la investigación que viene realizando contra Gudelia Huancas por la presunta comisión del delito de lavado de activos (actos de conversión y transferencia).
Según la hipótesis fiscal, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Carlos Guevara, pareja de la investigada, habría sustraído S/ 4 135 497.36 de una casa de apuestas deportivas, valiéndose de su condición como analista de data. Posteriormente, Carlos G. y la imputada habrían retirado S/ 688 996.64 y S/ 354 145.50, respectivamente a través de diversas pasaleras de pago. Por tales hechos, la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Lima inició investigación por la presunta comisión del delito de fraude informático contra la pareja y otras personas involucradas.
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Durante las investigaciones, la Fiscalía advirtió que, en abril de 2023, Gudelia H. habría adquirido el inmueble de San Benito mediante cheques de gerencia, cuyos fondos serían producto de su participación en el fraude informático.
Ante ello, la Fiscalía comunicó, en enero de 2026, el hecho al Despacho, que inmediatamente dispuso la realización de diversas diligencias. Fue así que el titular del Despacho advirtió que la adquisición del referido predio se produjo luego que iniciara el fraude informático. Asimismo, advirtió que dichos fondos fueron canalizadas a través de cuentas vinculadas a la investigada, quien carecía de actividad económica lícita para justificar la operación; y que el uso de cheques constituye un indicio típico de procesos conversación de activos ilícitos en bienes de apariencia lícita.
Por ello, el fiscal Miguel Nonato solicitó y logró que se dicte la orden de allanamiento con fines de incautación y desposesión, la misma que fue ejecutada el último 14 de abril. Dicha diligencia contó con la participación de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT); la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos; y el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), siendo este último el encargado de administrar y custodiar el inmueble durante el proceso penal.
Con información del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
