La congresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia contra su colega Marisa Glave por presutamente haber comprado, de manera irregular, «un terreno valorizado en más de siete millones de soles sin sustento técnico».
Según la denuncia de Vilcatoma, se habría favorecido a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender más de 7000 metros cuadrados de la zona de Campoy, en la primera etapa de San Juan de Lurigancho.
El documento al que tuvo acceso Legis.pe indica que los momentos en que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, coinciden con el tiempo en que la Municipalidad de Lima evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Como se recuerda, a inicios de 2011, Susana Villarán había asumido el cargo de alcaldesa y Glave fue nombrada presidenta de la Comisión Metrpolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
Antecedentes
El 12 de mayo de ese año, la empresa Portal Campoy SAC pidió el cambio de zonificación del terreno. Esta solicitud fue acogida por las autoridades ediles, pese a que la firma aún no era propietaria del lugar, indica el texto.
Ocho días después, el gerente municipal Miguel Prialé Ugaz firmó, con representantes de OAS, un acta donde se comprometía a modificar el proyecto Línea Amarilla, el cual fue rebautizado como «Vía Parque Rímac».
De esta manera, empezó a renegociar los peajes de la Vía de Evitamiento. Y es que no solo se les terminó ampliando el contrato por diez años más, sino que se acordó ampliar el campo de acción, creando el proyecto alterno “Río Verde”.
Esto contemplaba que, del dinero para la inversión, se compre un gran terreno donde se reubique a cientos de miembros de la comunidad shipibo-conibo. Es decir, ahora iba a ser necesaria una transacción inmobiliaria.
La Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano elevó su dictamen al Consejo Municipal para que esta instancia decida si lo convertían en ordenanza o no. Se aprobó pasar de zonificación de Industria Liviana a Comercio Zonal, incrementando el precio por metro cuadrado.
Hay que recalcar que esta denuncia fue presentada el pasado 21 de agosto ante el despacho de la Fiscal Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La imputación contra Marisa Glave es por el presunto delito de colusión agravada que contempla penas de hasta 15 años de cárcel efectiva.
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Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
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