El Pleno del Congreso aprobó, este jueves 7, la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por presuntas infracciones a diversos artículos de la Constitución. Con esta decisión, el Parlamento impuso una segunda sanción de esta naturaleza contra la actual decana del Colegio de Abogados de Lima.
La medida fue aprobada con 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. El resultado se produjo luego de una reconsideración planteada por el congresista Jorge Montoya, debido a que una votación realizada anteriormente no alcanzó el número requerido para aplicar la sanción.
La inhabilitación se sustenta en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, promovidas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi. Ambos cuestionaron la actuación de Espinoza tras la presentación de una denuncia constitucional contra once parlamentarios.
De acuerdo con el informe aprobado por el Legislativo, la ex titular del Ministerio Público habría vulnerado la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 93 de la Constitución. Ello, a raíz de la denuncia formulada contra legisladores que respaldaron el dictamen del Proyecto de Ley 319/2021-CR, referido al cobro simultáneo de pensión y remuneración por parte de exmiembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que ejercían funciones congresales.
El documento parlamentario también señala que la actuación atribuida a Espinoza habría excedido los límites establecidos en el artículo 45 de la Constitución. Asimismo, sostiene que se afectaron principios relacionados con el debido proceso y la motivación de las resoluciones, regulados en el artículo 139 de la Constitución.
Durante el debate en el Pleno, Jorge Montoya indicó que admitir denuncias contra congresistas por el sentido de sus votos podría afectar la inviolabilidad parlamentaria. Por su parte, la defensa de Delia Espinoza sostuvo que la Fiscalía de la Nación cuenta con atribuciones constitucionales para presentar denuncias contra integrantes del Congreso. La votación se realizó meses después de que el Parlamento oficializara una primera inhabilitación contra la exfiscal en diciembre de 2025, también por diez años.
