Con 84 votos a favor y la exoneración de un segundo plebiscito, el Congreso aprobó, el martes 11 de junio, la Ley de Cine (05903-2023-CR). Esta iniciativa reúne las perspectivas de seis parlamentarios: Adriana Tudela (Avanza País) Patricia Juárez y Juan Lizarzaburu, de Fuerza Popular; Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Carlos Anderson (no agrupado), Luis Aragón (Acción Popular) y Guido Bellido (Perú Bicentenario).
Al respecto, 700 trabajadores independientes del cine peruano y más de 70 asociaciones y colectivos manifestaron su rechazo y cuestionaron al Ministerio de Cultura, cuya cabeza, Leslie Urteaga, contó cuál será el paso siguiente.
Pronunciamiento de Leslie Urteaga
Leslie Urteaga, encargada de la cartera de Cultura, expresó ante Canal N este miércoles 12 de junio su parecer sobre la nueva ley:
Vamos a observar la norma porque no ha recogido las propuestas o las consideraciones que fueron enviadas en su oportunidad por el Ministerio de Cultura desde la parte técnica.
Esperaremos el proceso porque esta ley tiene que salir del Legislativo, llegar al Ejecutivo, trabajar todo el procedimiento de las autógrafas y ahí nuevamente enviaremos nuestra posición. Esperemos que pueda ser considerada para una mejor situación y condiciones no solamente del cine, sino de la industria creativa y cultural del Perú.
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¿Por qué la Ley de Cine despierta rechazo?
La propuesta cuestiona el apoyo estatal al cine que abarca comunidades indígenas o alternativas y, además, impulsa la idea de que los estímulos económicos se usen solo para la grabación, mas no para las otras etapas importantes en la cadena de producción cinematográfica: elaboración de guión, convocatoria de casting, investigación para documentales, edición, post edición, difusión, distribución, exhibición y más.
En esa línea, los cineastas peruanos Melina León, Alberto Castro y Elva Arrieta, y, de manera virtual, Tito Catacora y Gabriela Maldonado participaron en una rueda de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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El rubro mencionó que esta norma exige financiar el 50 % del presupuesto de las películas y le otorga potestad a Promperú, «un ente ajeno al Ministerio de Cultura«.
Los representantes también reprocharon que se recorten «los derechos culturales de la ciudadanía en el Perú en toda su diversidad, al afectar la creciente oferta cultural del país que se viene construyendo por décadas».
La condición sobre «la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano» significa, para estos especialistas, una forma de ceder el poder de sus creaciones a sectores a los que califican como autoritarios y conservadores.
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Aclaración de Adriana Tudela
Ante los medios de comunicación, Adriana Tudela, congresista de Avanza País y promotora de la Ley de Cine, explicó el impacto regional tras la reconfiguración del presupuesto para películas:
Se ha dicho falsamente que esto elimina el cine regional, y no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, el cine regional, gracias a esta ley, queda en una mejor posición que antes. Antes el 30% o el 33% del presupuesto destinado a estímulos para el cine iba al cine regional; y eso se ha establecido en la nueva ley como mínimo en un 40%. […] El cine regional va a recibir más presupuesto del que recibía antes.
