Tras casi 10 meses de los derrames ocurridos en el mar peruano ocasionados por Refinería La Pampilla S.A.A. —bajo la administración del Grupo Repsol del Perú S.A.C— el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sancionó a esta empresa con una multa de 20 0751 UIT (S/92 345.46), de acuerdo a la Resolución 348-2022-OS-GSE/DSHL, emitida hoy viernes 4 de noviembre.
Según refiere esta Resolución, la sanción se origina en que Repsol no habría remitido la información que acredite el cumplimiento respecto a: (i) La identificación de los afectados con el derrame de petróleo crudo que tuvo lugar con fecha 15 de enero de 2022 en el Terminal 2 de Refinería La Pampilla, (ii) la identificación e inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y al medio ambiente, y (iii) La valorización de los daños ocasionados.
Sobre la sanción dada, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto IDLADS, que acompaña el procedimiento como tercero interesado, sostiene:
En aplicación de los principios de internalización de costos y responsabilidad ambiental todo titular de un proyecto debe hacerse cargo de los daños y perjuicios que cause con motivo del desarrollo de su actividad económica, por lo que no existe justificación para que no realice los máximos esfuerzos para identificar a la totalidad de afectados por el derrame y se efectúe la valorización de daños socioambientales para efectos de activar el seguro correspondiente.
Asimismo, en la resolución (p. 1), se resalta la solicitud de información sobre la activación de cobertura de las Pólizas de Seguros de la empresa, que esta debía remitir en el plazo de dos días hábiles tras lo notificado con el oficio 343-2022-OSGSE/DSHL del 24 de enero de 2022. Con la activación de la póliza de seguro ambiental, los responsables del derrame podrían indemnizar a la brevedad a la totalidad de personas afectadas.
Cabe señalar que la mencionada Resolución se da como resultado de un procedimiento administrativo sancionador que acompaña la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucallama y diversas organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS) bajo el rol de «terceros interesados», con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Fuente: DAR
