La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha recibido 2664 denuncias ciudadanas vinculadas a presuntas irregularidades ocurridas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026, las cuales se encuentran en proceso de evaluación.
La entidad precisó que las investigaciones se realizan conforme a la Constitución y la normativa vigente, garantizando el debido proceso y la objetividad en el análisis de los hechos.
En ese marco, la JNJ confirmó que continúa la investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a cargo de un miembro instructor. Asimismo, dio a conocer que el Pleno declaró la nulidad de la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero y dispuso la adopción de medidas administrativas contra los responsables.
La Junta Nacional de Justicia ratificó, el último 30 de abril, a la fiscal Gladys Fernández Portocarrero en marco del proceso de evaluación para su permanencia en el cargo. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes: Víctor Chanduví, Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Germán Serkovic, Francisco Távara y Gino Ríos.
Durante el procedimiento de ratificación, el ponente Víctor Chanduví sostuvo que la evaluada cumplía con los parámetros exigidos en el rubro de conducta y obtuvo calificación favorable tanto en dicho aspecto como en idoneidad, donde alcanzó 83 puntos. En consecuencia, propuso su ratificación como fiscal adjunta provincial titular de Mala.
Fernández Portocarrero fue declarada responsable del delito de omisión del ejercicio de la acción penal cuando se desempeñaba como fiscal provincial provisional. El caso se originó por el archivo reiterado de una investigación por falsificación de documentos, a pesar de la existencia de elementos que permitían formalizar diligencias preparatorias.
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Según los hechos materia de la condena, la fiscal archivó una investigación pese a la existencia de una pericia grafotécnica que advertía la falsificación de una firma en una escritura pública, decisión que justificó por la imposibilidad de realizar una pericia oficial tras el fallecimiento del presunto agraviado.
En primera instancia, la Sala Especial Superior de Cañete le impuso un año de pena privativa de libertad suspendida, el pago de S/3500 por concepto de reparación civil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó la sentencia al declarar infundado el recurso de apelación presentado por la fiscal, lo que dejó firme la condena.
COMUNICADO
La Junta Nacional de Justicia informa a la ciudadanía lo siguiente:
1. La Junta Nacional de Justicia ha recibido dos mil seiscientas sesenta y cuatro (2664) denuncias presentadas por ciudadanos en el marco de los hechos ocurridos durante la jornada electoral del domingo 12 de abril de 2026, las cuales vienen siendo debidamente evaluadas.
2. Dichas denuncias son materia de investigación en estricto apego a la Constitución Política del Perú, la ley y los reglamentos que rigen los procedimientos disciplinarios a cargo de esta entidad, garantizándose en todo momento el debido proceso y la objetividad en el análisis de los hechos.
3. En ese contexto, continúa en trámite la investigación preliminar y las diligencias respectivas a cargo del miembro instructor contra el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, seguidas en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en atención a las competencias constitucionales de la institución.
4. Del mismo modo, se informa que el Pleno del organismo autónomo declaró la nulidad de oficio del acuerdo de Pleno referente a la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero, así como la inmediata adopción de las medidas administrativas correspondientes ante los funcionarios que resulten responsables.
5. La Junta Nacional de Justicia en su firme defensa de la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia, comprende la preocupación ciudadana por lo sucedido en las Elecciones Generales 2026 en su inquebrantable compromiso con los valores democráticos en el país y la cautela del debido proceso.
Junta Nacional de Justicia
Lima, 4 de mayo de 2026
