La Fiscalía de la Nación dispuso no formular denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, en el marco del caso Valkiria. La decisión está contenida en la Disposición 88 de la carpeta fiscal 1228-2023, emitida el 11 de mayo de 2026, en el marco de la investigación seguida por presunta organización criminal y otros ilícitos contra el Estado. El documento señala que la investigación preliminar fue abierta el 8 de enero de 2024.
La disposición fiscal indica que la pesquisa comprendió hechos vinculados con presuntas coordinaciones para influir en decisiones institucionales y parlamentarias. En el apartado de antecedentes se precisa que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos decidió abrir investigación preliminar contra Benavides Vargas por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal.
En la parte resolutiva, la Fiscalía concluyó que no existe mérito para formular denuncia constitucional contra Patricia Chirinos Venegas y Alejandro Soto Reyes. Respecto de Chirinos Venegas, el documento atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio previsto en el artículo 393 del Código Penal. En el caso de Soto Reyes, la disposición refiere la presunta comisión de cohecho pasivo propio y cohecho activo específico. La resolución agrega que no corresponde formular denuncia constitucional contra Benavides Vargas por los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico en agravio del Estado.
La disposición también archivó extremos de la investigación relacionados con Martha Lupe Moyano Delgado y Guillermo Santiago Thornberry Villarán. En ambos casos, la Fiscalía señaló que «no haber mérito para formular denuncia constitucional». Sobre Moyano Delgado, el Ministerio Público evaluó la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado; mientras que, respecto de Thornberry Villarán, analizó el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Inscríbete aquí Más información
La operación Valkiria V fue una intervención fiscal y policial vinculada a una presunta red de corrupción. La investigación involucró a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a sus asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado. Según la tesis fiscal, las coordinaciones habrían tenido como finalidad impedir la destitución de Benavides y promover el archivamiento de denuncias contra parlamentarios.
De acuerdo con los chats atribuidos a Jaime Villanueva, se realizaron gestiones para intervenir en la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, así como en acciones dirigidas a la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Como parte de la operación, las autoridades ejecutaron el allanamiento de seis inmuebles ubicados en distintos distritos de Lima con el objetivo de recopilar documentación y otros elementos vinculados al caso. Además, se dictó una orden de detención preliminar por diez días contra Jaime Villanueva.
