La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió por cuatro meses a la jueza superior Enma Benavides debido a irregularidades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. La medida responde a la omisión del valor real de dos inmuebles y la falta de declaración de dos estacionamientos adquiridos durante los últimos años.
De acuerdo con la resolución, la magistrada fue hallada responsable de faltas consideradas muy graves en su actuación como jueza superior, aunque fue absuelta de uno de los cargos formulados en su contra. La sanción será ejecutada una vez que sea confirmada por la Oficina Central del Procedimiento Administrativo Disciplinario, conforme al trámite establecido.
Según la resolución difundida por Infobae, entre los años 2015 y 2023 años la jueza consignó en sus declaraciones valores inferiores al precio real de adquisición de una vivienda ubicada en La Molina. El inmueble fue comprado por más de $465 000, pero en los documentos oficiales se reportaron montos que fluctuaban entre S/355 000 y S/680 000, lo que generó cuestionamientos por parte de la Unidad de Sanción y Apelación.
Asimismo, se detectó una situación similar respecto a un inmueble adquirido en Surco por $100 000, cuyo valor declarado entre 2019 y 2023 osciló entre S/32 000 y S/127 000. La defensa de la magistrada alegó que dichos montos correspondían al autovalúo, argumento que no fue aceptado por la autoridad disciplinaria.
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En la resolución también se señala que Benavides omitió declarar la compra de dos estacionamientos en Cañete, valorizados en $10 000, pese a que estos cuentan con partida registral independiente. Para la ANC, esta omisión constituye una infracción al deber de transparencia y probidad exigido a los magistrados.
«La consignación reiterada de valores que no corresponden con el precio real de adquisición del inmueble vulnera el deber de mantener conducta intachable, íntimamente vinculado a los principios de probidad, honestidad y corrección funcional exigibles a la magistratura, configurándose así el incumplimiento inexcusable de los deberes judiciales», se lee en la resolución.
Pese a ello, la autoridad disciplinaria optó por imponer la sanción mínima prevista para este tipo de faltas, considerando que la magistrada no registra antecedentes disciplinarios y que previamente se había descartado la propuesta de destitución. No obstante, el procedimiento continuará en la instancia correspondiente hasta su confirmación definitiva.
