[Actualización 13/11/2019]
Poder Judicial confirmó allanamiento e incautación de bienes de la exparlamentaria Luciana León Romero, realizado el pasado 22 de octubre. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con el voto ponente del juez Jorge Luis Salas Arenas, declaró infundados los recursos de apelación que presentó su defensa.
Como se sabe, la exlegisladora es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio por el caso «Los intocables ediles«.
Esta decisión también ratifica el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y la orden de no usar ningún bien ni documento incautado durante el allanamiento.
[Nota original 22/10/2019]
Miembros de la Fiscalía, con apoyo de agente de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), allana las casas de la congresista Luciana León (APRA), miembro de la Comisión Permanente, y la de su hermano, Rómulo León Romero, como parte del proceso abierto por el caso ‘Los intocables Ediles’.
La diligencia también contempla la intervención del despacho congresal de la legisladora aprista, así como la casa de su personal de confianza, en Trujillo.
Un equipo de RPP Noticias llegó al departamento de Luciana León, en la avenida Angamos Oeste, donde un representante del Ministerio Público informó que la diligencia comenzó al promediar las 5:30 a.m.
Durante el allanamiento, se contempla la detención preliminar de Betsy Cecil Matos Franco, asesora de la aprista, quien es investigada como presunta intermediaria de pagos ilícitos.
Según la tesis fiscal, el trabajo del brazo legal y político de ‘Los Intocables ediles’ fue realizado por Luciana León, quien, a cambio de retribuciones económicas por parte de Alexander Peña Quispe, cabecilla de la organización, realizó gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria para obras.
La Fiscalía imputa a León Romero de haber gestionado ante el Ministerio de Economía la inclusión del municipio en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional entre marzo y junio del 2017, a cambio de la contratación de su hermano, Rómulo León Romero, por parte de Alex Peña.
Además, la aprista es investigada por presuntamente haber recibido “cuantiosas sumas de dinero” por parte de Alexander Peña Quispe, “a cambio de ilícitas gestiones que se habrían dado desde mayo 2017 a mayo 2018”.
“La congresista se habría aprovechado de su condición para obtener beneficios indebidos a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de obras en la Municipalidad de La Victoria y otras gestiones ilícitas”, señaló un comunicado la Fiscalía.
Fuente: RPP