Jubilación y pensiones constituyen uno de los temas fundamentales de la seguridad social, aunque obviamente no lo agotan. Su planteamiento trata de responder a la situación de personas en edad avanzada que pierden su empleo, que no pueden encontrar otro y que por tanto carecen de una fuente segura de ingresos.
La seguridad social en materia de pensiones constituye no sólo un seguro, donde se correspondan aportaciones actuales y prestaciones futuras; sino que también cumple una función redistributiva, en tanto es equitativo que a los que están en peor situación se les apoye para completar su ahorro o reciban prestaciones relativamente mayores a lo que aportaron.
La evidencia disponible acerca del comportamiento de los trabajadores, muestra de manera típica un grado de “miopía”, pues las personas libradas a su suerte, no hacen planes previsionales o no logran los niveles de ahorro suficientes como para financiar el período en el cual no pueden seguir laborando; careciendo entonces de un ingreso estable para ese periodo.
En ese sentido, “las pensiones de jubilación son un bien preferente, un bien que el propio Estado impone a los ciudadanos para su propio bien”, pero también teniendo en cuenta que “una buena parte de los costos de que un individuo no haya comprado ese bien recae sobre los otros”.
Esta es una justificación para que exista un sistema de seguridad social, “explica el derecho del Estado a obligar a la gente a comprar un seguro (ahorrando) pero no a obligarlos a comprárselo al propio Estado”.
En este proceso, el rol del Estado es importante, pues cubre en última instancia “riesgos sociales”. Es decir, aquellos que afectan masivamente a la población y desestabilizan los sistemas, por ejemplo, la inflación, en la medida que puede “imponer” recaudaciones adicionales y que teniendo un horizonte más largo de existencia puede distribuir el peso entre las generaciones.
Similar importancia reviste que los ciudadanos adviertan real y conscientemente, que para el funcionamiento del sistema, el acceso a una pensión está vinculado estrechamente con el ahorro logrado durante la vida laboral. Mediante el ahorro forzoso se está adquiriendo una “póliza” que cubre la pérdida de ingresos ante la imposibilidad de seguir trabajando.
Se trata, pues, de ahorros logrados a lo largo de la vida y no de “limosna o caridad pública” y tampoco de “transferencias que violenten la equidad”. Los mecanismos de seguridad social previsional buscan asegurar el ahorro para poder cubrir satisfactoriamente los requerimientos del consumo durante la vejez, la invalidez y la sobre vivencia. En nuestros países, más allá de buenas intenciones, nunca se tuvo universalidad en materia de jubilación; más bien se suele encontrar que el “ahorro forzoso” esta normalmente asociado a un tramo, los trabajadores dependientes y del sector formal, y en ese sentido es un espejo del funcionamiento de los mercados laborales.
En las últimas semanas, nuestro país ha anunciado la evaluación de una reforma del sistema previsional, esta posible reforma tiene muchas personas a favor, al igual que muchos detractores. Los primeros son los políticos que promueven la reforma y, obviamente, las personas que sienten que tienen un beneficio directo. Por el lado de los detractores, las AFP y los que piensan que esto puede convertirse en el “Sodoma y Gomorra“de las Finanzas Personales en el país ante los que decidan acceder a estos beneficios; ya que, en lugar de tener asegurada una pensión con un monto mensual, se presenta el riesgo que puedan gastar el dinero en cualquier vanidad y no prever su situación futura.
El mercado laboral peruano está segmentado en formal e informal. El sistema de pensiones peruano se estructura en dos pilares. El no contributivo (Pensión 65) y el contributivo, con dos regímenes que funcionan en paralelo: el de reparto, administrado por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP – ONP) y el de capitalización individual, administrado por el Sistema Privado de Pensiones (SPP – AFP). El pilar contributivo es un sistema de ahorro obligatorio y solo alcanza a los trabajadores del segmento formal del mercado laboral, siendo un sistema obligatorio para los trabajadores dependientes pero voluntario para los independientes.
Considero necesario buscar alternativas al diseño actual previsional, para establecer un marco resistente que asegure que los sistemas de pensiones público y privado cumplan con el objetivo de proporcionar una pensión digna, segura y adecuada; en ese sentido, es de destacar la principal recomendación del Organismo de Cooperación Internacional OCDE, cuya propuesta es conservar el sistema público de reparto (ONP) y el sistema de capitalización de cuentas individuales (AFP), pero haciendo un rediseño en el sentido que se complementen entre sí, que sean financieramente sostenibles y brinden pensiones durante toda la vejez. La idea es, que los afiliados contribuyan a la ONP y AFP al mismo tiempo y que, por lo tanto, reciban pensiones también de ambos sistemas. Este nuevo sistema complementario, deberá establecer como se debe dividir la actual contribución del porcentaje de los salarios entre el sistema público y las cuentas individuales de las AFP, es decir, que para los afiliados a la AFP un porcentaje de sus aportes mensuales iría a la ONP y los afiliados a la ONP tendrían que llevar un porcentaje de sus aportes a una de las cuatro AFP que operan en el país; la OCDE sugirió que los porcentajes inicialmente se ubiquen entre 2.5% y 3% para la ONP y entre 7% y 7.5% para las AFP.
El nuevo esquema previsional, podría generar un sistema de pensiones más resistente a los riesgos y asegurar la idoneidad de pensiones, un sistema de reparto tiene mejor gestión en temas de protección social y ayuda entre diferentes estratos de la población, y un sistema de capitalización individual privado marcha mejor con el mercado de trabajo. Fusionando ambos sistemas se abordan distintos problemas. Además, este nuevo esquema traería beneficios comunes para afiliados a la AFP y ONP, los afiliados a las AFP podrían acceder a una pensión mínima que variaría en virtud al tiempo de contribución y los afiliados a la ONP podrían reducir el plazo de 20 años necesarios de aportes para recibir una pensión. Otros planteamientos a observar en la reforma del sistema de pensiones sería elevar de modo gradual la tasa de aportes de los trabajadores en línea con los aumentos salariales, limitar los retiros de libre disponibilidad salvo excepciones, lo cual permitiría tener pensiones más altas.
Jhon Delton Gonzales Rodríguez es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Jefe del Área Previsional de Tuesta & Sedano Abogados.
