Fundamento destacado: 17. Justamente, para lograr tal objetivo, la ratificación cumple diversas funciones constitucionales, las cuales pasamos a explicar a continuación:
a) La ratificación como renovación del compromiso y la responsabilidad de la magistratura
18. Si la independencia es la garantía para predicar la imparcialidad de la justicia en cualquier sistema, la responsabilidad es su contrapartida por excelencia. Así, esta responsabilidad implica una serie de compromisos en la labor de la magistratura, compromiso que van desde la lealtad a la Constitución y sus valores hasta la imprescindible solvencia moral con que debe actuar en el ejercicio de las funciones. Es la responsabilidad con que actúa cada día un magistrado lo que permite contrastar públicamente su independencia.
[…]
23. El ejercicio de la función pública requiere, para su óptimo desempeño, un
mecanismo que permita al funcionario un mínimo control por parte de los entes
instituidos con tal propósito. En el caso de la magistratura, este poder de control
de la actividad funcional del magistrado era el CNM, que la ejerce en los
procesos disciplinarios, pero también de manera regular en los procesos de
ratificación. De este modo, el Estado comparte responsabilidades y roles entre
distintos entes a efectos de lograr un justo balance entre los poderes y
atribuciones comprometidas.
[…]
26. Esto permite, por otro lado, la creación de una cultura de la sana competencia
dentro de la organización judicial que, a través de este tipo de procesos, puede
hacer públicos los perfiles de la magistratura que requiere el Estado social y
democrático de derecho, generando señales claras sobre el modelo de juez o
fiscal, así como sobre las competencias que se requieren para permanecer en el
cargo. Desde luego, ello no es posible, por ejemplo, en un esquema donde no
se publicitan ni los procesos ni las decisiones de quienes ejercen dicha función.
[…]
28. La crítica ciudadana a la función pública es un elemento fundamental en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia participativa. Un modelo abierto a la participación del pueblo, como es el Estado social y democrático, no puede desperdiciar un momento como este para que la magistratura dé cuenta pública de sus funciones cada siete años. Eso sí, el sistema debe permitir que el magistrado responsable, capaz y honesto, espere sin temor ni incertidumbre de lo que va ocurrir con su destino funcionarial luego del proceso de ratificación. La sociedad peruana, que ha vivido en los últimos años con las puertas del poder público poco permeables a la crítica pública, necesita abrir espacios de diálogo entre el ciudad o y la función pública.
[Continúa…]
