El nombre de David Arly Sosa Zapata, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla (Piura), es el más nombrado por las redacciones de los medios de prensa. El mandato de prisión preventiva por siete meses que impuso al joven policía Elvis Miranda ha generado una reacción de indignación en cadena por parte de la ciudadanía. Asimismo, el Ministerio del Interior ha señalado que hará todo lo posible por lograr la liberación del suboficial que abatió a un presunto delincuente.
Este magistrado tomó posesión del cargo de juez titular del referido órgano en junio del 2016, tras su nombramiento por el extinto CNM. Según información que recabó diario Correo, previamente se había desempeñado como fiscal adjunto provincial penal en Cajamarca, así como especialista legal en las Corte Superiores de Justicia de Lambayeque y Del Santa. Desde que asumió el cargo, el juez en mención se vio envuelto en dos casos polémicos que aquí revisamos.
En primer lugar y como nos recuerda una antigua noticia publicada por RPP, el 12 de octubre del 2018, una madre de familia identificada como Gladys Magaly Zapata Morales denunció que el magistrado había denegado la prisión preventiva para el presunto violador de su hija de 13 años. Sosa Zapata determinó que Tomys Lizana Labán, para quien el Ministerio Público había solicitado el encarcelamiento preventorio, solo debía adecuarse a unas reglas de conducta.
La madre denunció que su hija venía siendo víctima de acoso y tocamientos indebidos por esta persona, desde el 2016. Esto ocurrió en el caserío Cruz de Caña, carretera Piura – Chulucanas (Castilla). Posteriormente, el certificado de medicina legal habría demostrado que el sujeto violentó sexualmente a la menor. La madre se mostró indignada, debido a que su hija confesó que fue abusada en dos oportunidades.
En segundo lugar, por los medios piuranos se supo que David Sosa Zapata había dictado nueve meses de prisión preventiva contra el policía Marcelino Yarlequé Saldaña, tras ser acusado de abatir a una persona que presuntamente se negaba a ser intervenida por los efectivos policiales. Según la versión de los familiares de César Eduardo Hurtado Chorres, este se encontraba sin documentos y ante ello fue brutalmente agredido por los agentes, y cuando quiso escapar habría sido herido de bala.
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Sin embargo, la versión policial sobre lo que ocurrió la noche del 15 de noviembre del 2018 es distinta. El sujeto habría sido intervenido dentro de un grupo de seis personas, oponiendo resistencia. Después de los hechos, la PNP señaló que los sujetos comenzaron una balacera en la zona, lo que provocó la intervención de los efectivos. Unos de ellos habría sido herido y la camioneta de la policía exhibía un impacto de bala. Ante la resistencia de los sujetos, los agentes iniciaron una serie de disparos al aire. Una bala perdida habría ocasionado la muerte de Hurtado Chorres.
Ante las versiones opuestas, Sosa Zapata dictaminó la prisión preventiva contra el agente policial, hoy en prisión.
