El expresidente del Congreso Pedro Olaechea aseguró que el pago dispuesto para los integrantes del Parlamento disuelto no es un bono y se determinó su depósito una vez que el Tribunal Constitucional (TC) emitió sentencia sobre la demanda competencial.
En RPP Noticias, explicó que luego de que el presidente Martín Vizcarra anunció en mensaje a la Nación la disolución de ese poder del Estado, el 30 de setiembre de 2019, no se ordenó de inmediato la liquidación a los 102 legisladores porque no aceptaban la medida.
“No es un bono. Nosotros no aceptábamos la disolución del Congreso y obviamente no íbamos a liquidar a los congresistas porque hubiese significado aceptar de facto que habíamos sido disueltos”, manifestó.
“Nosotros seguimos haciendo las peticiones al MEF de que fueran pagados los sueldos y quincenas de 102 congresistas, obviamente no fue atendido. Entonces fuimos a la acción competencial en el Tribunal Constitucional. Una vez que llega la sentencia, nosotros procedemos a hacer la liquidación que les correspondía, en el mes de febrero, a los congresistas. No es un bono por ningún lado”, añadió.
En ese sentido, Olaechea acotó que si hubiesen aceptado una liquidación para los congresistas, hubiera sido una prueba en contrario y el propio TC habría considerado que una medida de ese tipo implicaba la aceptación de la disolución de hecho.
“En febrero se pide que se complete lo esbozado que faltaban pagar a aquellos congresistas que habían laborado hasta el 30 de setiembre en virtud de la sentencia del Tribunal […] Que se haya demorado el pago, no tengo nada que ver allí”, enfatizó.
Del mismo modo, el extitular de la Comisión Permanente recordó que los congresistas se encuentran bajo el régimen de quinta categoría, con lo cual les corresponden beneficios de acuerdo a la legislación laboral.
“La primacía de la realidad es cómo liquido a los congresistas. Que vean su boleta, dice quinta categoría y todas las retenciones. Si tú eres liquidado en quinta categoría, los esbozados te corresponden”, sentenció.
Asimismo Manuel Merino de Lama anunció el inicio de una investigación para determinar si los integrantes del Parlamento disuelto, la Mesa Directiva anterior o el personal administrativo de este poder del Estado cometieron alguna irregularidad en el pago de una bonificación económica a favor de los excongresistas que ascendería a un monto total de 600 000 mil soles.
“Hemos sido sorprendidos. Tenemos que recordar las circunstancias en las que asumimos este Congreso. Los tiempos y la falta de personal no permitieron hacer una revisión de todos los acuerdos del interregno parlamentario”, indicó Merino en conferencia de prensa acompañado por otros miembros de la mesa directiva.
Este pronunciamiento se hizo luego que el excongresista Richard Arce publicara en sus redes sociales que el Congreso le depositó 5200 soles en su cuenta personal pese a que ya no forma parte de ese poder del Estado desde la disolución del Legislativa, el pasado 30 de setiembre.
“Esta mesa tomó la determinación de pedir una investigación profunda para ver cuál ha sido el personal que tuvo responsabilidad y, más aún, los recursos humanos que ya fueron cambiados, que hizo el seguimiento a cada una de las oficinas, a los pagos que han sido ajenos a esta administración”, añadió el actual presidente del Parlamento, quien no descartó la posibilidad de citar a miembros del Parlamento disuelto o de la anterior Mesa Directiva como parte del proceso.
Manuel Merino reiteró que no se le podía atribuir a este Congreso o a la actual Mesa Directiva la decisión de pagar esta bonificación que ha sido defendida por el expresidente del Legislativo disuelto Pedro Olaechea.
“No se puede involucrar a esta mesa en estos pagos que tenemos que analizar qué regularidad tuvieron. No hay que tomar acuerdos de mesa para respetar derechos laborales. Rechazamos que se haga esto a través de acuerdos de mesa”, insistió.
Según Oleachea, el pago denunciado corresponde a una liquidación que les correspondía a los legisladores disueltos.
“Sobre el tema de las bonificaciones que viene circulando, es importante señalar que el monto indicado corresponde al pago proporcional de la bonificación de Navidad que en su oportunidad no se incluyó en la liquidación de los congresistas cesados como consecuencia de la disolución del Congreso”, escribió en sus redes sociales.
A su turno, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, aseguró que están haciendo una consulta con constitucionalistas sobre si es que el acuerdo de mesa que permitió el pago de esta bonoficación respeta la Carta Magna.
“Se está evaluando respecto de la constitucionalidad de dichos acuerdos de mesa, 120 y 122. El Tribunal Constitucional ya estableció que fue bien disuelto el Congreso pasado y la propia sentencia del TC ha establecido que la Comisión Permanente funcionaba como un Congreso disminuido. No había Mesa Directiva y al no haber mesa, los acuerdos emanados de la misma, tal vez, y eso estamos revisando con constitucionalistas, podrían tener vicio de inconstitucionalidad”, manifestó.
Fuente: El Comercio
Te puede interesar: Martín Vizcarra disuelve el congreso de la República
