La Ley 32107, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de agosto de 2024, estableció la prescripción de los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 1 de julio de 2002. Sin embargo, de acuerdo al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, tras casi ocho meses desde su entrada en vigencia, los jueces han decido no aplicarla.
El especialista indica que desde la promulgación de la «Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», 47 procesados por este tipo de delitos solicitaron acogerse a la prescripción sin éxito.
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Dichos pedidos involucran los casos de Pativilca, la desaparición forzada en la Universidad Nacional del Centro, el asesinato de Mariella Barreto ―agente del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE)―, la desaparición forzada del dirigente sindical Teófilo Rimac Capcha, entre otros.
A pocos día de la promulgación de la norma, el 24 de agosto del 2024, el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Penal Nacional decidió, en el auto de control de acusación, inaplicar la norma en el caso de desaparición forzada del estudiante Genaro Villegas Namuche, ante el pedido presentado por el exmilitar Javier Benito Valdiviezo Avendaño.
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Asimismo, el 30 de septiembre del mismo año, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Penal Nacional decidió inaplicar la referida ley en el proceso por las desapariciones forzadas de 69 personas en Huanta, entre las que se encuentra la del periodista Jaime Ayala Sulca, en respuesta a la solicitud del exjefe de la Base Contrasubversiva de Huanta, Augusto Gabilondo García del Barco.
La misma decisión fue tomada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Tras la solicitud del exmilitar Tobías Donato Huaringa Rosales, también opto por la inaplicación en el auto de control de acusación del caso Madre Mía.
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De acuerdo a Rivera Paz, la decisión de los jueces de no aplicar la mencionada norma estaría amparada en el derecho internacional y en la propia jurisprudencia nacional. En diálogo con La República, el letrado declaró lo siguiente:
Creo que los jueces han marcado una línea muy clara en el sentido de decir: ‘A nosotros nos ampara el derecho internacional, nos ampara nuestra propia jurisprudencia, dictada durante 20 años en crímenes contra los derechos humanos’. [Creo que] se sienten protegidos por un marco normativo del derecho nacional e internacional.
