La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un operativo contra la organización criminal denominada Los Elegantes de Lima, investigada por presuntos delitos de usurpación, falsificación de documentos, corrupción de funcionarios, sicariato y delitos contra el patrimonio. Como parte de las diligencias fue detenido Luis Alberto Pérez Delgado, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la red criminal.
La información fue difundida por Latina Noticias, medio que mostró imágenes de las intervenciones realizadas en distintos inmuebles de Lima, así como detalles de la investigación fiscal y policial sobre el funcionamiento de la organización. El reportaje también expuso la presunta participación de trabajadores y funcionarios vinculados a entidades públicas como Sedapal, Sunarp, el Poder Judicial y el Archivo General de la Nación.
De acuerdo con las investigaciones, la organización identificaba inmuebles abandonados o con problemas registrales para posteriormente apropiarse de ellos mediante documentación presuntamente falsa. Según la hipótesis fiscal, la red utilizaba trámites notariales, procesos judiciales y registros públicos para transferir las propiedades a nombre de integrantes de la organización o terceros vinculados.
Investigación alcanza a trabajadores del Estado
El reportaje sostiene que dentro de la organización existían personas vinculadas a distintas entidades públicas que cumplían funciones específicas dentro de la estructura investigada. Entre ellas figuran trabajadores relacionados con Sedapal, Sunarp y el Poder Judicial.
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Según la investigación, un trabajador de Sedapal proporcionaba información sobre inmuebles cuyos suministros de agua registraban poca actividad o se encontraban sin movimiento. Esa información era utilizada para identificar propiedades aparentemente abandonadas que luego podían ser incorporadas dentro de las operaciones de la organización.
La investigación también menciona la participación de un especialista legal del Poder Judicial identificado con el alias de «José». De acuerdo con el reportaje, este trabajador judicial coordinaba con otros integrantes de la organización para intervenir en procesos civiles relacionados con los inmuebles investigados.
Se investiga si el trabajador judicial facilitaba el avance de expedientes o coordinaba actuaciones dentro de trámites vinculados a propiedades ocupadas por la red. El reportaje señala que el investigado mantenía comunicación con otros integrantes de la organización y con el abogado identificado con el alias «Pedro».
Registradora de Sunarp es investigada por presuntas inscripciones irregulares
El proceso también comprende a una trabajadora vinculada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), identificada con el alias «Carmen». Según el reportaje, la presunta función de esta integrante era favorecer la inscripción de escrituras públicas y minutas que serían utilizadas para consolidar la posesión de los inmuebles.
De acuerdo con la información difundida, la registradora habría mantenido comunicación con integrantes de la organización criminal y con quien anteriormente era señalado como cabecilla de la red, Daniel Fernando Castillo Díaz, asesinado en 2024. La investigación fiscal busca determinar la legalidad de las inscripciones registrales realizadas durante el periodo investigado.
También se menciona a un funcionario relacionado con el Archivo General de la Nación, identificado como director de archivos notariales y judiciales. Según las pesquisas, esta persona habría emitido testimonios de escrituras públicas vinculadas a inmuebles investigados dentro del caso.
Red también es investigada por asesinatos ocurridos en 2024
Además de los delitos patrimoniales y documentarios, la organización es investigada por dos hechos vinculados al delito de sicariato. Las pesquisas comprenden los asesinatos de Daniel Fernando Castillo Díaz, señalado como anterior cabecilla de la organización, y de Julio César Pacheco Pimentel, ambos ocurridos durante 2024.
