El Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (INPECCP) acaba de compartir, en su cuenta oficial de Facebook, un oficio del fiscal adjunto José Carlos Quezada Salirrosas, dirigido al director del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En el oficio se le fija un plazo de cinco días al instituto para que remita a la fiscalía la traducción del contenido de un acta notarial del idioma chino al español, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de formular denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad. El tenor de la misiva no ha pasado desapercibido para el INPECCP:
Miren lo que nos hemos encontrado por ahí. Un oficio dirigido por un Fiscal de Nuevo Chimbote, dirigido al Director del prestigioso Instituto Confucio de la PUCP, en la que le dicen, en resumen: «Hazme esta traducción, si no lo haces, te denuncio por resistencia a la autoridad». Increíble. ¿Error? Ignorancia? ¿Atrevimiento? Si bien es cierto, las instituciones privadas tenemos el imperativo de colaborar con las investigaciones penales, éstas deben ser motivadas sobre la base de la necesidad pública y del esclarecimiento de la verdad en el propio proceso penal. Se nos pide que colaboremos, no nos coaccionan bajo la excusa de «lo legal» y «apercibimientos» abusivos que lo único que demuestran es eso: abuso.
