Ante la pregunta de un periodista, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, tuvo que opinar sobre la aplicación de la prisión preventiva en el Perú. «El fin no justifica los medios», refirió en relación a la aplicación de la medida coercitiva en cuestión.
«Esta bien luchar contra la corrupción -y con mucho rigor- pero dentro del marco constitucional», afirmó tajantemente el titular del TC. Durante su alocución, Ernesto Blume se refirió a dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mencionan el abuso de la prisión preventiva. «El Perú está obligado a seguir las recomendaciones de la CIDH», finalizó.
En Legis.pe publicamos ambos informes que el titular del TC refirió en la entrevista.
- La revisión periódica de la prisión preventiva según la Corte IDH y su aplicación en el sistema jurídico peruano: bit.ly/2ZpAgRs, 14 de febrero de 2018.
- ¿Qué ha dicho la CIDH sobre el proceso inmediato?: bit.ly/2ZAGw9k, 8 de septiembre de 2018.
«En los países democráticos, en los países civilizados se lucha contra la corrupción, pero respetando los derechos fundamentales», agregó el presidente del TC.
En una entrevista anterior, Ernesto Blume , afirmó que el Congreso de la República “tiene que revisar la normativa” de la prisión preventiva en el Perú, pues existe “un uso excesivo y en algunos caso hasta abusivo” de esta medida.
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Blume Fortini tambien consideró que es obligación del Congreso actuar “en una situación en donde se está produciendo un abuso” debido a la malinterpretación de una norma.
Luego de esta declaración, hace unos días la congresista Luciana León anunció que se encuentra preparando un proyecto de ley para modificar artículos sobre la medida de coerción de la prisión preventiva.
En el mencionado texto al que Legis.pe tuvo acceso se consigna que prisión preventiva no durará más de 6 meses. Para casos complejos esta medida coercitiva no duraría más de nueva meses y para los procesos de criminalidad organizada el plazo no durará mas de 18 meses.
En la conferencia de prensa que brindó el titular del TC, también se pronunció sobre la sentencia emitida por su institución y aclaró que esta no debilita las competencias de la Contraloría General de la República.
Dijo que esta resolución fortalece su trabajo y la lucha contra la corrupción en el marco de lo que estipula la Constitución.
“No es exacto que esta sentencia debilite o restrinja las competencias de la Contraloría, lamentablemente al parecer no se ha leído bien la sentencia, que es una sentencia larga y que tiene una serie de detalles”, afirmó Blume.
“No es exacto que esta sentencia debilite a la Contraloría, no es exacto que vaya contra la lucha contra la corrupción, sino por el contrario, esta sentencia fortalece a la Contraloría, fortalece su competencia de control y de sanción. Fortalece la lucha contra la corrupción, que es el empeño que tiene el Tribunal Constitucional. […] Luchar contra la corrupción, pero en el marco de la Constitución”, agregó en conferencia de prensa.
Cabe indicar que la Contraloría calificó como un «serio retroceso» en la lucha contra la corrupción, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que según señaló, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en una inconducta funcional.
Es por eso que Ernesto Blume explicó que las infracciones previstas en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que fue declarado inconstitucional, “no estaban de acuerdo o conforme a la Constitución”.
“El artículo 46 no estaba de acuerdo a la Constitución y en el ejercicio de nuestra competencia, hemos procedido a declararlo inconstitucional, lo cual no significa que los funcionarios que están siendo investigados o han sido sancionados vayan a tener una situación excepcional en cuya virtud se anula todo. Eso es un error, esos procesos ya están definidos, la sentencia no tiene efectos retroactivos”, aclaró el titular del TC.
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Blume finalizó anunciando que este viernes a las 9: 30 a. m. se reunirá con el contralor general de la República, Nelson Shack, para “aclarar cualquier duda” que pueda existir respecto a la sentencia.
