Fundamento destacado: 5. El artículo 322 de la Ley 589 del 2000 y la tipificación del delito de genocidio frente al carácter de la protección a los derechos a la vida y a la integridad, en condiciones de igualdad. […] Por otra parte, se tiene que la regulación que de la figura del genocidio hace la norma cuestionada del Código Penal, condicionó la incriminación punitiva de la conducta a la circunstancia de que el grupo nacional, étnico, racial, político o religioso cuya destrucción se persigue mediante la aniquilación de sus miembros, “actúe dentro del margen de la Ley”.
La Corporación halla que este condicionamiento, cuya constitucionalidad se somete a tela de juicio, no se ajusta a la Carta Política.
Ciertamente, juzga la Corte que le asiste razón a la demandante en considerar que la frase cuestionada de la regulación normativa que, con miras a la tipificación en la legislación penal colombiana del delito de genocidio, se consagró en el artículo 322ª de la Ley 589 del 2000 que adicionó el Código Penal, pues, por una parte, verifica que riñe abiertamente con el artículo 93 de la Constitución Política, conforme al cual:
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”
En efecto, constata esta Corte que, lejos de adoptar las medidas de adecuación legislativa consonantes con las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano contrajo, en particular, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que según quedó ya expuesto, el Estado Colombiano aprobó mediante la Ley 28 de 1959, las que le exigían tipificar como delito y sancionar severamente las conductas consideradas como crímenes de lesa humanidad, desvirtuó el propósito que con su consagración normativa se perseguía, pues restringió la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político “que actúe dentro de margen de la Ley,” con lo que sacrificó la plena vigencia y la irrestricta protección que, a los señalados derechos, reconocen tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenios Internacionales que lo codifican.
En efecto, advierte esta Corte que, contrariamente a lo dispuesto, principalmente en la ya mencionada Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio, por razón de lo preceptuado en la frase cuestionada, en la legislación penal colombiana quedó por fuera de la incriminación punitiva, el exterminio de grupos humanos que se encuentren al margen de la Ley.
A ello se agrega que la discriminación que la frase cuestionada introduce, por lo demás, pretende fundamentarse en un criterio que carece de precisión y claridad, por lo que, por este aspecto también resulta inconstitucional dada su ambigüedad e indeterminación, ya que, en otros términos, significa que no tiene univocidad necesaria para hacer, en forma inequívoca, la adecuación típica de la conducta, por lo cual, resulta contrario al principio de tipicidad general de rango constitucional y, por esa vía a las garantías constitucionales que integran el debido proceso y el derecho a la defensa en materia penal, principalmente el principio “nullum crimen, nulla poena, sine lege previa, scripta et certa,” pues, se reitera, en estricto sentido carece de tipicidad, que es elemento estructural de la legalidad del delito y de la pena, en tanto mecanismo garantista de las libertades democráticas en un Estado social de derecho, cuyo fin esencial es garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.
A juicio de esta Corte, la señalada restricción resulta también inaceptable, por cuanto riñe abiertamente con los principios y valores que inspiran la Constitución de 1991, toda vez que desconoce en forma flagrante las garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la integridad personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya que respecto de todos los seres humanos, tienen el mismo valor.
Sentencia C-177/01
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones por las cuales textos acusados se estiman violados
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Argumentación elemental
GENOCIDIO-Delito de derecho internacional
GENOCIDIO-Concepto
CONVENCION PARA LA PREVENCION Y SANCION DEL GENOCIDIO
DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Integración/GENOCIDIO EN DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Alcance
DERECHO DE LA HAYA Y DERECHO DE GINEBRA-Objetivos
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Ramas
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Obligatoriedad
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Integración
GENOCIDIO-Crimen atroz
GENOCIDIO-Concepto amplio/GENOCIDIO-Definición/GENOCIDIO POLITICO-Penalización
Ningún reparo puede formularse a la ampliación que de la protección del genocidio a los grupos políticos, hace la norma cuestionada, pues es sabido que la regulación contenida en los Tratados y Pactos Internacionales consagra un parámetro mínimo de protección, de modo que nada se opone a que los Estados, en sus legislaciones internas consagren un mayor ámbito de protección. No hay óbice para que las legislaciones nacionales adopten un concepto más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que tenga una identidad definida. Y es indudable que un grupo político la tiene. La incriminación de la conducta sistemática de aniquilación de un grupo político, mediante el exterminio de sus miembros, encuentra pleno respaldo en los valores y principios que informan la Constitución Política de 1991 entre los que se cuentan la convivencia, la paz y el respeto irrestricto a la vida y a la existencia de los grupos humanos, considerados como tales, con independencia de su etnia, nacionalidad, credos políticos, filosóficos o religiosos.
GENOCIDIO-Restricción de protección por limitación a actuaciones legales
Lejos de adoptar las medidas de adecuación legislativa consonantes con las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano contrajo, en particular, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, se desvirtuó el propósito que con su consagración normativa se perseguía, pues restringió la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político “que actúe dentro de margen de la Ley,” con lo que sacrificó la plena vigencia y la irrestricta protección que, a los señalados derechos, reconocen tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenios Internacionales que lo codifican.
GENOCIDIO-Grupo al margen de la ley
PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN PENAL-Carencia
DERECHO A LA IGUALDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES
DERECHO A LA VIDA-Protección igualitaria
DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección igualitaria
VIDA-No admisión de diferenciaciones
VIDA-Valor constitucional
FUERZA PUBLICA-Combate de grupos políticos alzados en armas
FUERZA PUBLICA-Legalidad de la acción
FUERZA PUBLICA-Muerte en combate con grupos alzados en armas
HOMICIDIO-No lo es la muerte en combate
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites
[Continúa…]
