Fundamentos destacados: 196. Al respecto, la Corte recuerda que el artículo 23 de la Convención Americana dispone el deber de gozar de los derechos y oportunidades “de participar en la dirección de los asuntos públicos […]”. En este sentido, la participación en la conservación del medio ambiente para las comunidades indígenas resulta no sólo en un asunto de interés público sino parte del ejercicio de su derecho como pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afectan sus derechos, de conformidad con sus propios procedimientos e instituciones[235] (supra párrs. 178 y 180).
197. En vista de lo anterior, la Corte estima que, para efectos del presente caso, no se configuró la violación por la falta de control y manejo exclusivo de la reserva por parte de los pueblos indígenas. Sin embargo, la falta de mecanismos expresos que garanticen el acceso, uso y la participación efectiva de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono en la conservación de las referidas reservas y sus beneficios, configura una violación del deber de adoptar las disposiciones que fueren necesarias para hacer efectivas tales medidas, a fin de garantizar el derecho a la propiedad colectiva, a la identidad cultural y a los derechos políticos, en perjuicio de los Pueblos Kaliña y Lokono.
198. En suma, este Tribunal estima que el Estado vulneró los derechos a la propiedad colectiva, identidad cultural y participación en asuntos públicos de las víctimas, principalmente al impedir la participación efectiva y el acceso a parte de su territorio tradicional y recursos naturales en las reservas de Galibi y Wane Kreek, así como al no garantizar de manera efectiva el territorio tradicional de las comunidades afectadas por la degradación del medio ambiente dentro de la reserva de Wane Kreek (infra párrs. 217 a 222), lo cual configuró la violación de los artículos 21, 2 y 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio los Pueblos Kaliña y Lokono y sus miembros.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO PUEBLOS KALIÑA Y LOKONO VS. SURINAM
SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Pueblos Kaliña y Lokono,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces:
Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente;
Roberto F. Caldas, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez;
Alberto Pérez Pérez, Juez;
Eduardo Vio Grossi, Juez, y
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;
presentes además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:
[…]
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El caso sometido a la Corte. – El 28 de enero de 2014[1], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió el caso Pueblos Kaliña y Lokono (en adelante “los Pueblos Kaliña y Lokono”) contra la República de Surinam (en adelante “el Estado” o “Surinam”) ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la Comisión, el presente caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones de los derechos de los miembros de ocho comunidades de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono del Río Bajo Marowijne, en Surinam. Específicamente, por la ausencia, hasta la fecha, de un marco normativo que reconozca la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, por lo que esta no ha sido reconocida en favor de los Pueblos Kaliña y Lokono hasta la actualidad. Asimismo, el Estado no ha establecido las bases normativas que permitan un reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono. Esta falta de reconocimiento ha sido acompañada por la emisión de títulos de propiedad individuales a favor de personas no indígenas; el otorgamiento de concesiones y licencias para la realización de operaciones mineras, y el establecimiento y continuidad de tres reservas naturales en parte de sus territorios ancestrales. Las violaciones del derecho a la propiedad colectiva derivadas de esta situación continúan hasta la fecha. Además, ni el otorgamiento de concesiones y licencias mineras ni el establecimiento y permanencia hasta el día de hoy de reservas naturales, han sido sometidos a procedimiento alguno de consulta dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Kaliña y Lokono. Todos estos hechos han tenido lugar en un contexto de falta de protección judicial y en un marco de desprotección normativa, debido a que en Surinam no existen recursos efectivos para que los pueblos indígenas puedan exigir sus derechos.
2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
a) Petición. – El 16 de febrero de 2007 la Comisión recibió una petición presentada por ocho líderes tradicionales en nombre de los Pueblos Kaliña y Lokono del Bajo Marowijne; por la Asociación de Líderes de Pueblos Indígenas en Surinam (Vererniging van Inheese Dorpshoofden in Suriname, en adelante, “VIDS”, en holandés, y Association of Indigenous Village Leaders in Suriname, en inglés), y por la Comisión de Derechos de Tierras del Bajo Marowijne (Commissie Landrechten Inheemsen BenedenMarowijne, en adelante, “CLIM”, en holandés, y Lower Marowijne Indigenous Lands Rights Commission, en inglés)[2], contra Surinam por la violación de los artículos 3, 21 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono[3].
b) Informe de Admisibilidad. – El 15 de octubre de 2007 la Comisión emitió el Informe de Admisibilidad No. 76/07 (en adelante “Informe de Admisibilidad” o “Informe 76/07”), en el que concluyó que tenía competencia para conocer la petición y decidió admitirla sobre la presunta violación de los artículos 3, 21 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1 y 2 del mismo instrumento.
c) Informe de Fondo. – El 18 de julio de 2013 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 79/13, en los términos del artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe de Fondo” o “Informe 79/13”), en el cual llegó a una serie de conclusiones[4] y formuló varias recomendaciones al Estado, a saber:
Conclusiones:
i) el Estado violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los Pueblos Kaliña y Lokono;
ii) el Estado violó el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 21 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los Pueblos Kaliña y Lokono al no adoptar medidas efectivas para reconocer su derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales que tradicional y ancestralmente han ocupado y utilizado;
iii) el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los Pueblos Kaliña y Lokono, al (i) otorgar títulos de propiedad a personas no indígenas dentro del territorio de los Pueblos Kaliña y Lokono; (ii) establecer y mantener las Reservas Naturales Wia Wia, Galibi y Wane Kreek, y (iii) otorgar una concesión minera y autorizar actividades mineras dentro de su territorio tradicional, todo esto sin realizar un proceso de consulta dirigido a obtener su consentimiento libre, previo e informado de conformidad con los estándares interamericanos, y
iv) el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los Pueblos Kaliña y Lokono al no proporcionarles un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales.
Recomendaciones:
i) adoptar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para el reconocimiento de los Pueblos Kaliña y Lokono como personas jurídicas en el derecho de Surinam;
ii) eliminar las normas que impiden la protección del derecho a la propiedad de los Pueblos Kaliña y Lokono y adoptar en su legislación interna, a través de consultas efectivas y plenamente informadas a los Pueblos Kaliña y Lokono y sus miembros, medidas legislativas, administrativas y otras que sean necesarias para proteger, a través de mecanismos especiales, el territorio en el que [dichos Pueblos] ejercen su derecho a la propiedad comunal, según sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales;
[Continúa…]
