Tribunal Constitucional por primera vez supervisará el cumplimiento de sus sentencias

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El Pleno del Tribunal Constitucional acordó que, por primera vez en su historia, supervisará el cumplimiento de sus sentencias y lo hará en el marco de una audiencia, informó la presidenta de esta institución, Marianella Ledesma Narváez.

El colegiado resolvió que la primera sentencia emblemática en ser supervisada sea el caso de María Antonia Díaz Cáceres (Exp. N° 0889-2017-PA/TC), una quechuahablante, a quien la Municipalidad Provincial de Carhuaz, le negó su derecho a comunicarle una decisión administrativa en su idioma natural.

El Pleno decidió asimismo que el miércoles 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias, se hará el anuncio del día en que se realizará la audiencia para hacer dicha supervisión.

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La titular del TC destacó el hecho de que la decisión de supervisar el cumplimiento de las sentencias haya surgido durante la presidencia del doctor Ernesto Blume Fortini y que el vicepresidente Augusto Ferrero Costa, haya solicitado, como ponente del caso de Díaz Cáceres, que este sea el primero en ser supervisado su cumplimiento.

En este caso, el Tribunal Constitucional ordenó a la Municipalidad Provincial de Carhuaz la realización de acciones necesarias para que doña María Antonia Díaz Cáceres conozca las actuaciones o decisiones municipales en idioma quechua.

Igualmente declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la ausencia de una efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en lenguas originarias, en las zonas del país donde ellas son predominantes.

El objeto de la supervisión es verificar que todas las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos en el ámbito de la provincia de Carhuaz del departamento de Ancash, hayan oficializado el uso de la lengua quechua. Ello porque se dio un plazo de dos años para ejecutar lo dispuesto por el Tribunal, plazo que ha vencido este mes de mayo.

Asimismo, se va supervisar si la Municipalidad Provincial de Carhuaz ha cumplido con informar cada cuatro meses al Tribunal Constitucional, la implementación de los avances en relación con esta orden.

Finalmente, con la sentencia Díaz Cáceres, materia de la supervisión, exhortó a todas las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos a que realicen sus máximos esfuerzos para que antes del Bicentenario de la independencia, oficialicen el uso de la lengua originaria predominante en sus ámbitos de desarrollo.

Fuente: TC

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