La reciente aprobación del nuevo Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) ha generado diversas interpretaciones entre abogados y ciudadanos. Sin embargo, el abogado administrativista Rubén Darío Márquez García aclaró que este nuevo documento “no trae nuevas reglas, solamente compila las ya existentes”, durante una entrevista concedida al portal jurídico LP.
Márquez explicó que un TUO tiene como finalidad “compilar, sistematizar” las normas vigentes relacionadas con una ley determinada, en este caso la Ley 27444. Según indicó, el problema del anterior TUO de 2019 era que modificaba la numeración original de varios artículos de la Ley, generando confusión entre abogados y autoridades administrativas. “Hoy eso es distinto felizmente porque el TUO 2026 ya reconoce la propia numeración de la ley del procedimiento administrativo general”, sostuvo.
El especialista remarcó que muchas de las supuestas “nuevas reglas” difundidas en redes sociales ya estaban vigentes desde años anteriores mediante leyes y decretos legislativos. Como ejemplo, mencionó la reducción del plazo para resolver recursos de reconsideración de 30 a 15 días hábiles, cambio aprobado en 2022 y no recién con el nuevo TUO. “El TUO solamente ordena”, enfatizó el entrevistado.
Asimismo, Márquez señaló que este nuevo ordenamiento busca otorgar “predictibilidad y uniformidad en las decisiones de las entidades de la administración pública”. Añadió que tanto abogados como entidades estatales deberán actualizar sus formatos y documentos para adecuarse a la nueva numeración oficial del TUO 2026, aunque aclaró que un error en la cita de artículos no debería perjudicar a los administrados. “Sería absurdo” rechazar un trámite únicamente por utilizar la numeración anterior, indicó.
Durante la entrevista también se abordó la importancia de la Ley del Procedimiento Administrativo General dentro del sistema jurídico peruano. El abogado explicó que esta norma regula “las actuaciones de la administración pública, los derechos y deberes de los administrados”, además de servir como marco común para distintos procedimientos administrativos especiales. No obstante, reconoció que todavía existen contradicciones entre normas especiales y la LPAG, especialmente en materia disciplinaria y de servicio civil.
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