La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) formalizó, este miércoles 13, una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. La pesquisa está vinculada a hechos ocurridos cuando integró la fórmula presidencial del partido político Perú Libre.
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La decisión fue adoptada mediante la disposición fiscal 36, emitida el 24 de abril, en la que el Ministerio Público ordenó la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los involucrados en este caso. La medida fue comunicada al despacho del juez Fernando Valdez, quien asumirá el control judicial de la investigación.
Asimismo, la fiscalía estableció que las diligencias se desarrollarán durante un plazo de 36 meses, conforme a lo previsto en la Ley contra el Crimen Organizado, Ley 30077. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
De acuerdo con la tesis fiscal, Dina Boluarte habría participado en la creación de una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre para recaudar aportes de militantes de dicha agrupación política. Según la investigación, esos fondos habrían estado destinados al pago de la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, líder de ese partido y actualmente prófugo de la justicia.
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El último 21 de abril, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, archivó la investigación iniciada contra Boluarte y los exministros que conformaron su Gabinete por el incremento de la remuneración presidencial aprobado durante su gobierno. La disposición fiscal también ordena dejar sin efecto la anotación o registro informático generado a raíz de este procedimiento.
La denuncia fue presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Voces del Pueblo, que atribuyó a Boluarte y a sus exministros la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. De acuerdo con el documento, el reajuste salarial habría contravenido la Ley 28212, norma que establece como tope para la remuneración presidencial el equivalente a diez Unidades Remunerativas del Sector Público, fijadas en S/26 000.
