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El Ministerio del Interior (Mininter) presentará una solicitud de recusación para apartar al juez David Sosa Zapata del caso del suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, investigado por los presuntos delitos de homicidio y abuso de autoridad tras abatir a un presunto delincuente en la región Piura.
Así lo anunció el teniente general PNP Jorge Pérez Flores, inspector general de la Policía Nacional, quien destacó el hábeas corpus a favor de Elvis Miranda para lograr su liberación. «Tenemos el área de Defensa Legal que está agotando todos los recursos jurídicos a fin de que se actúe como corresponde jurídicamente», sostuvo Pérez Flores. «La institución se siente complacida por la libertad de Elvis Miranda. Todos somos testigos de su accionar y su valentía en defensa de la sociedad«, agregó.
El pasado 16 de enero, el juez David Sosa, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, dictó 7 meses de prisión preventiva para el suboficial Elvis Miranda. La decisión fue confirmada dos semanas después por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura.
Sin embargo, este miércoles un juzgado de Huancayo, en la región Junín, dispuso la liberación del policía tras declarar fundada la solicitud de hábeas corpus, reconociendo que su detención fue arbitraria.
Los antecedentes del cuestionado juez
David Arly Sosa Zapata es el cuestionado juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla (Piura).
Este magistrado tomó posesión del cargo de juez titular del referido órgano en junio del 2016, tras su nombramiento por el extinto CNM.
Según información que recabó diario Correo, este juez previamente se había desempeñado como fiscal adjunto provincial penal en Cajamarca, así como especialista legal en las Corte Superiores de Justicia de Lambayeque y Del Santa. Desde que asumió el cargo, se vio envuelto en dos casos polémicos.
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En primer lugar y como nos recuerda una antigua noticia publicada por RPP, el 12 de octubre del 2018, una madre de familia identificada como Gladys Magaly Zapata Morales denunció que el magistrado había denegado la prisión preventiva para el presunto violador de su hija de 13 años. Sosa Zapata determinó que Tomys Lizana Labán, para quien el Ministerio Público había solicitado el encarcelamiento preventorio, solo debía adecuarse a unas reglas de conducta.
La madre denunció que su hija venía siendo víctima de acoso y tocamientos indebidos por esta persona, desde el 2016. Esto ocurrió en el caserío Cruz de Caña, carretera Piura – Chulucanas (Castilla).
El certificado de medicina legal habría demostrado que el sujeto violentó sexualmente a la menor. La madre se mostró indignada, debido a que su hija confesó que fue abusada en dos oportunidades.
Sobre este juez también se supo que había dictado nueve meses de prisión preventiva contra el policía Marcelino Yarlequé Saldaña, tras ser acusado de abatir a una persona que presuntamente se negaba a ser intervenida por los efectivos policiales.
Según la versión de los familiares de César Eduardo Hurtado Chorres, este se encontraba sin documentos y ante ello fue brutalmente agredido por los agentes, y cuando quiso escapar habría sido herido de bala.
Sin embargo, la versión policial indica que el sujeto habría sido intervenido dentro de un grupo de seis personas, oponiendo resistencia. Después de los hechos, la PNP señaló que los sujetos comenzaron una balacera en la zona. Esto habría provocado la intervención de los efectivos. Unos de ellos habría sido herido y la camioneta de la policía exhibía un impacto de bala. Ante la resistencia de los sujetos, los agentes iniciaron una serie de disparos al aire. Una bala perdida habría ocasionado la muerte de Hurtado Chorres.
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Ante las versiones en discordia, Sosa Zapata dictaminó la prisión preventiva contra el agente policial, hoy en prisión.
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