Ayer 13 de marzo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones aprobó la solicitud de inhibición de la jueza Elizabeth Arias Quispe del proceso por lavado de activos y pertenencia a una presunta organización criminal que se sigue contra Keiko Fujimori y otros.
Así, los magistrados del colegiado presidido por el juez César Sahuanay dispusieron que la investigación sea vista por otro juez de investigación preparatoria.
«Disponer que el procesos N° 299-2017, sea asignado mediante el sistema aleatorio al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que corresponda, el que debe ser remitido a la Mesa de Partes Única de los Juzgados y Salas de la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de Crimen Organizado», consigna el documento.
A la fecha, la Sala Penal Nacional cuenta con solo dos alternativas para reemplazar a la magistrada Arias Quispe, quien se inhibió del caso Cócteles, debido a que tuvo una relación amical con el abogado Allem Rodas, defensa del ex secretario general de Fuerza 2011, Jorge Yoshiyama.
He aquí los dos jueces que podrían asumir uno de los procesos más complejos y mediáticos, que por buen tiempo, se tramitó en el despacho del recusado juez Richard Concepción Carhuancho.
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Víctor Zúñiga Urday
Es preciso recordar que en enero de este año, se suspendió al juez Ángel Mendivil Mamani debido a la liberación de presuntos narcotraficantes. En su reemplazo se designó al juez Víctor Zúñiga Urday, quien venía desempeñándose en la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Zúñiga Urday ocupaba el cargo de juez especializado en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, distrito judicial en el que laboró desde 1988, donde ha desempeñado diversas funciones jurisdiccionales, desde auxiliar, secretario y juez.
Roger Benites Burgos
El otro posible candidato al puesto es el magistrado Roger Benites Burgos, quien inició su carrera en la Corte Superior de Tumbes en el 2010, y en noviembre del 2017 fue designado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Benites Burgos ordenó en su momento al Ministerio Público concluir, en un plazo de 20 días, la investigación preliminar que se le seguía a Fuerza Popular.
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