1. No son de metal, son personas. Los jueces y los fiscales tienen familia, salvo excepciones (supremos, equipos especiales) no tienen seguridad, y son amenazados por quienes deben ser acusados y juzgados. Esa es la realidad criminológica.
2. Anonimizar la identidad de los jueces y fiscales no es algo nuevo. El art. 15 del D. Ley 25475 instauró en 1992 la identidad secreta para casos de terrorismo, dando lugar a los llamados jueces y fiscales «sin rostro», fórmula que fue tácitamente derogada por la Ley 26671 con efectos desde el 15.10.1997.
3. Pese a estar derogada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos años después, en la sentencia de 30.5.1999, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, estableció que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención porque «la circunstancia de que los jueces intervinientes (…) sean “sin rostro”, determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación de dichos jueces» (párrafo 133).
4. Con más precisión, la STC de 3.1.2003, Exp. 010-2002-AI/TC, en cuanto a los «Tribunales sin rostro”, declaró la sustracción de la materia porque el art. 15 del D. Ley 25475 ya había sido derogado por la citada Ley 26671 (fundamento 111).
5. La cuestión de fondo, sin embargo, carece de un tratamiento sustancial. Por un lado, ante fiscales y jueces sin rostros, el imputado que goza de la presunción de inocencia pierde la capacidad de controlar la imparcialidad del juez o la objetividad del fiscal. ¿Cómo saber si concurre alguna causal de recusación o exclusión?, ¿esta reducción de inmediación puede ser fuente de arbitrariedad y convertir a los tribunales en máquinas de condenas? Y, por otro lado, si este mecanismo es constitucionalmente insoportable, ¿cómo garantizar la seguridad de los jueces y fiscales en un sistema de escasos recursos?, ¿un juez amenazado, que teme por su vida o la de su familia, no es acaso un juez no imparcial o ya parcializado?
6. Este no es asunto menor, una de las razones por las que el crimen organizado está en expansión y goza de buena salud es porque los fiscales y los jueces tienen miedo, temor. El sicario o el extorsionador no tienen el perfil del feminicida, el violador, el corrupto o el microcomercializador. Si el sicario cree que la solución a su «problema» está a una «bala», es difícil que dude en disparala.
