Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en relación a la intervención del MTC en PBO Radio

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La Defensoría del Pueblo, tras la intervención realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio Público a las instalaciones de la empresa Radio Tigre S. A. C., que opera el medio de comunicación PBO Radio, manifiesta lo siguiente:

1. La medida de allanamiento y descerraje cuenta con sustento legal en los artículos 84 y 86 de la Ley 28728, Ley de Radio y Televisión. No obstante, nuestra Constitución exige que toda actuación estatal que pueda afectar derechos fundamentales se lleve a cabo respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

2. A criterio de la Defensoría del Pueblo, en el procedimiento seguido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió tomarse en consideración que no se trata de un medio de comunicación clandestino, sino de uno que habría estado operando de forma regular en nuestro país desde 1983 y que actualmente viene cuestionando la denegatoria de la renovación de su licencia en el Poder Judicial.

3. Además, el cierre del medio de comunicación y la incautación de sus bienes representa una medida sumamente gravosa a la libertad de expresión; más aún si la denegatoria de la licencia podría ser revertida por el Poder Judicial. Es necesario tener en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, las libertades informativas tienen una condición preferente en atención al rol que desempeñan en favor de la democracia y el control del poder.

4. Sumado a ello, para determinar la regularidad de la intervención, también resulta necesario evaluar la oportunidad de la intervención. En esa línea, es relevante indagar acerca de la existencia de casos similares a los de Radio Tigre S. A. C. y cuál ha sido el proceder de las autoridades estatales frente a ellos.

Por las razones expuestas, en el marco de las competencias de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de los deberes de la administración estatal, la Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los actuados en el procedimiento seguido contra la empresa Radio Tigre S. A. C., a efectos de evaluar si se produjeron excesos en la intervención contra dicho medio de comunicación.

Fuente: Defensoría del Pueblo

Print a documento al que puedes acceder desde este enlace https://bit.ly/3HaFuWL


[Nota previa 26/01/2022]

¿Por qué intervinieron instalaciones de PBO? Hechos, reacciones y pronunciamientos

Durante la mañana de este miércoles 26 de enero, las redes sociales registraron una intervención a las instalaciones del medio conocido como PBO. ¿Cuáles fueron las razones y quiénes están detrás de esta polémica señal? Veámoslo a continuación.

¿Qué pasó y qué es PBO?

A las 9:11 de la mañana, el periodista y productor Kike Bravo anunciaba lo que se volvería la noticia de varios medios. Un grupo de la Fiscalía llegaba a las oficinas de PBO Radio, señal que se ha hecho popular a través de su conductor estrella y “fundador”, Phillip Butters.

Según el perfil de LinkedIn de Butters, PBO es el primer canal multiplataforma del Perú, el cual fue fundado en el 2016 por el propio experiodista deportivo. Las siglas, en ese sentido, significan oficialmente Peruvian Broadcasting Office, aunque en su momento fueron una abreviatura de la página en Facebook del conductor, Phillip Butters Oficial.

Sin embargo, la historia no es tan sencilla. PBO es el nombre comercial de la empresa Radio Tigre S.A.C., la cual puede escucharse en la frecuencia 91.9 FM. El medio actualmente es dirigido por Ricardo Belmont Vallarino, hijo del exalcalde de Lima Ricardo Belmont Cassinelli.

Pero volvamos a los hechos de la mañana. Nueve funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un fiscal y diversos agentes de la Policía Nacional llegaron a Chorrillos, donde se transmite todo lo relacionado a PBO. El objetivo era allanar e incautar los equipos de telecomunicaciones por supuestamente operar sin autorización ni licencia del mencionado ministerio. ¿Es esto cierto?

Detrás de la intervención

Según lo filtrado a los medios de comunicación, la medida fue aprobada por el juez Tony Solano Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos. Todo a raíz de una solicitud que hizo el director de sanciones del MTC, Georgi Ickovic, porque “se ha verificado la prestación del servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada sin la correspondiente autorización del ministerio, conducta que constituye infracción administrativa tipificada como muy grave”.

Solano autorizó el descerraje y allanamiento e incautación de material de telecomunicaciones, debido a que PBO no contaría con autorización para transmitir sus programas, requisito con el que sí cuentan otras estaciones.

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A través de un comunicado, el MTC dio más detalles sobre el caso. La licencia del medio había vencido en el 2019 y, por lo tanto, “se estaría cometiendo el delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico para la emisión de ondas radiales” en PBO. Al respecto, recordemos que el uso del espectro radioeléctrico sin autorización está tipificado como hurto agravado en el Código Penal, con cárcel de 3 a 6 años. Así lo indica el artículo 186.

A eso se suma el hecho de que PBO o Radio Tigre no figuran en el Registro Nacional de Frecuencias. Algo que cualquier peruano puede revisar haciendo clic aquí.

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Reacciones

A pesar de que el operativo ha sido justificado de forma directa, no han sido pocos los personajes que han querido relacionar el hecho con un acto de censura o un atentado contra la libertad de expresión.

Una de las primeras figuras ligadas al derecho y la política en reaccionar fue Lourdes Flores Nano, quien calificó como inaceptable la intervención y pidió que defendamos unidos las voces y antenas de la libertad.

Alejandro Cavero, congresista de la República, cuestionó que por un tema administrativo se cierre uno de los medios más críticos al gobierno, señalando indignación selectiva de los caviares.

El Consejo de la Prensa Peruana, por otro lado, exigió explicaciones a la Fiscalía en un confuso comunicado en el que reconocía todas las fallas en el accionar de PBO, pero pedían que la intervención se diera en otro contexto.Imagen

Tenemos, además, la reacción en vivo del propio Butters durante la intervención. El comunicador afirmó que la empresa no tiene ningún caso penal pendiente, por lo que no encontraba los motivos para la presencia de fiscales o policías. Asimismo, afirmó: “No nos van a callar.

Comunicado del Ministerio Público

El Ministerio Público también emitió un comunicado público sobre la diligencia judicial en las instalaciones de PBO. A continuación, transcribimos el documento completo:

Con relación a la diligencia judicial efectuada esta mañana a la estación radio Tigre S.A.C., con denominación comercial PBO 91.9 FM, en el Cerro Marcavilca-Morro Solar (Chorrillos), el Ministerio Público informa a la opinión pública lo siguiente:

1. En cumplimiento por lo dispuesto por el Poder Judicial, el Ministerio Público participó hoy en la diligencia judicial que autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la ejecución de la medida cautelar contra la estación de Radio Tigre S.A.C., con denominación comercial Radio PBO 91.9 FM, representada por Ricardo Belmont Valladares.

2. Es preciso informar que el Ministerio Público fue comunicado de su participación en la diligencia, a través de la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Resolución Directoral 0033-2022-MTC/29.03, del 17 de enero de 2022. Dicha resolución resuelve adoptar una medida cautelar de incautación de los equipos de telecomunicaciones de la estación de servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de la radio en cuestión y autoriza a sus abogados a ejecutar el operativo y realizar las gestiones necesarias ante el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

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3. Cabe indicar que el MTC requirió al Poder Judicial el allanamiento y descerraje a efectos de ejecutar la medida cautelar contra la estación de Radio Tigre S.A.C., en tanto que, el Poder Judicial declaró fundada la solicitud, estableciendo además que, en la diligencia participe el Ministerio Público, para lo cual debía coordinarse con la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Sur, la designación de un fiscal.

4. Como se puede observar, la participación del Ministerio Público, responde al cumplimiento de la resolución judicial de fecha 19 de enero de 2022, suscrita por el juez Tony Tolano Pérez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Penal de Chorrillos, que declaró fundada la medida cautelar de allanamiento y descerraje del inmueble Caseta de transmisión de 30 metros cuadrados ubicado en el Cerro Marcavilca– Morro Solar, así como la incautación de bienes (equipos de telecomunicaciones) de la estación radial y especies que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso, del proceso administrativo sancionador que realiza el MTC.

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