Descargue en PDF «Divorcio y separación de cuerpos», de Enrique Varsi Rospigliosi

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Nos satisface poner a vuestra disposición, con la anuencia del autor, Enrique Varsi Rospigliosi, una parte de su fecunda producción bibliográfica. En esta ocasión se trata de «Divorcio y separación de cuerpos», libro publicado bajo el sello de la editorial Grijley (2007).

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En la presente obra, se ha ordenado y sistematizado los criterios emitidos por distintos órganos jurisdiccionales de dos instituciones complejas del derecho civil: el divorcio y la separación de cuerpos. Para ello cita a una gran cantidad de jurisprudencia, entre casaciones y expedientes judiciales.

El conspicuo doctor Enrique Varsi Rospigliosi, profesor de la Universidad de Lima, especialista en Derecho Civil, Derecho Corporativo, Inmobiliario y en litigios y arbitrajes; ha legado a la academia sendos trabajos de investigación y ha aportado a la doctrina diversas publicaciones, en los que hace despliegue de su conocimiento y su capacidad analítica.

Al final del post encontrarán el link de descarga, previamente les dejamos la presentación del libro.


PRESENTACIÓN

El Estado es uno de los principales consumidores de bienes, servicios y obras del país, y podemos considerarlo también un gran mercado, en donde los agentes económicos que ofertan tienen una variedad de requerimientos que satisfacer. Para ello es necesario que exista una regulación que sirva como lineamiento para la actuación de todos los involucrados en los procesos de selección y contrataciones.

En ese sentido, la existencia de un régimen de licitación pública, que nuestro ordenamiento denomina Sistema de Compras Estatales, tiene su razón de ser en la confluencia de tres pilares fundamentales: una provisión idónea, un uso eficiente de recursos y una debida transparencia del proceso. Así, el adecuado desarrollo de las actuaciones de la organización del Estado, reflejadas en las actuaciones que la administración pública realiza para ejercer sus funciones en la sociedad, requiere de una debida y oportuna provisión de bienes, obras y/o servicios, que solo se logra teniendo reglas claras, criterios adecuados y actuaciones objetivas y eficientes.

Por otra parte, todos los procedimientos, seguidos con la finalidad de lograr la citada provisión, deben tender a la maximización de recursos y a la reducción de costos, lo que significa que es indispensable el establecimiento de una buena regulación que direccione la utilización debida y eficiente de los recursos necesarios para lograr proveerse adecuada y oportunamente.

Finalmente, y no menos importante, todos los procesos y etapas requeridos para cumplir exitosamente con el objetivo de proveerse y satisfacer las necesidades institucionales deben de desarrollarse bajo un marco de transparencia, pues esto implica no solo un adecuado control de la actividad, de las actuaciones de los funcionarios competentes para llevar a cabo estos procedimientos, sino que extiende sus efectos a la esfera jurídico-patrimonial de una serie de agentes económicos que resultan siendo administrados y, por tanto, deben de tener garantizados sus derechos, dado que están interactuando con el Estado.

Es indudable que cuando se llevan a cabo innumerables procesos, convocatorias y contrataciones entre el Estado y sus proveedores, pueden surgir discrepancias, condiciones y reglas poco claras, o procedimientos inadecuados o mal estructurados, los cuales originan que se activen los mecanismos preestablecidos para impugnar o contradecir la decisión que contiene dichas actuaciones. Estas controversias están bajo la competencia del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, órgano resolutor que forma parte del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – (Consucode).

Es así que resulta importante que los operadores jurídicos, agentes económicos, las mismas entidades y aquellos que de alguna u otra manera están relacionados con las compras estatales cuenten con una herramienta sistematizada que les permita conocer los criterios más relevantes del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado respecto a los temas de la contratación pública, toda vez que los pronunciamientos y decisiones de este ente colegiado, reflejan la voz autorizada del Consucode, como organismo supervisor.

Este libro, por tanto, ha sido estructurado para ofrecer una rigurosa y actualizada investigación jurídica respecto a las resoluciones expedidas por las Salas del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado durante el año 2007, así como de diversas resoluciones expedidas entre los años 2001 a 2006 que contienen importantes criterios establecidos por este órgano resolutor.

Con el fin de complementar la información anterior, se ofrece al lector una serie de pronunciamientos y opiniones de la Gerencia Técnico Normativa (hoy Dirección de Operaciones) del Consucode, y determinados criterios expuestos por el Tribunal Constitucional que, estamos seguros, resultarán referencias indispensables para comprender la gama de instituciones, procedimientos y etapas que forman parte de los procesos de selección.

Esperamos que este trabajo sea una obra de consulta de mucha utilidad para todo aquel que interactúa directa o indirectamente con el sistema de compras estatales, o que participa en los procesos como postor, ya que podrá contar con un instrumento ordenado y cuyo contenido ha sido escrupulosamente preparado para poder ofrecer la mayor y mejor información jurisprudencial posible respecto a este sistema administrativo indispensable para la gestión gubernamental.

Para finalizar, queremos manifestar nuestro reconocimiento a dos personas que colaboraron de modo fundamental en la preparación de este trabajo. Nos referimos a Jaime Arturo López Matsuoka, coordinador de la revista JuS-Gestión Pública de esta casa editora, y a Luis Felipe Cabeza Molina, aplicado estudiante de Derecho de San Marcos y asistente de investigación de Grijley. A ellos nuestro agradecimiento más sincero.

Los autores

Lima, 1 de noviembre de 2007.

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