Delitos de homicidio culposo y lesiones culposas: Deber de los órganos jurisdiccionales de analizar los elementos constitutivos de la reparación civil [Casación 866-2020, Arequipa]

Jurisprudencia destacada por Castillo Alva & Asociados.

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Sumilla. Fundado el recurso de casación. Se declara fundado el recurso de casación al haberse acreditado la concurrencia de las causales casacionales alegadas. De la revisión de la sentencia de vista recurrida se advierten vicios nulificantes, que también afectaron la sentencia de primera instancia, por lo que deberá emitirse un nuevo pronunciamiento, previo juicio oral.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación N° 866-2020, Arequipa

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, ocho de julio de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública—mediante el aplicativo Google Meet—, el recurso de casación interpuesto por Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, constituida en tercero civil responsable, contra la sentencia de vista emitida el diecisiete de agosto de dos mil veinte por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó la sentencia de primera instancia del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, que condenó a José Vicente Quispe Choquemamani como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en agravio de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez, Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez, Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, y en consecuencia le impuso cuatro años de pena privativa de libertad convertida a jornadas de prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación para la conducción de vehículos por el mismo plazo y el pago de S/ 174,000.00 —ciento setenta y cuatro mil soles— por concepto de reparación civil a favor de los agraviados y de su sucesión en caso de los fallecidos. Asimismo, adicionó que la reparación civil se pague de manera solidaria con el tercero civil; con los actuados que acompaña.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. De los hechos imputados

El cuatro de junio de dos mil quince, aproximadamente a las 7:00 horas, el vehículo de placa B1B-570, de propiedad de Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, era conducido por José Vicente Quispe Choquemamani, quien no contaba con licencia de conducir y se desplazaba por la carretera Panamericana en sentido noroeste-sur llevando en el vehículo diez pasajeros, entre ellos, Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, que se dirigía de Arequipa a Moquegua.

A las 7:20 horas, aproximadamente, a la altura del kilómetro 1023, debido a que conducía a una velocidad inadecuada, invadió el carril contrario y  colisionó frontalmente con el vehículo de placa VIJ-353, conducido por César Fernando Quispe Roque, quien llevaba como pasajeros a Mercedes Teodora Ticona Núñez, Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez y Giancarlos Mamani Ticona, desde Moquegua con destino a Arequipa. Como resultado, César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez resultaron fallecidos y Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán, con lesiones.

El representante del Ministerio Público determinó que el acusado infringió las normas de tránsito establecidas en los artículo 89, 90 (inciso B), 93, 107, 135 (numeral 1) y 161 del Reglamento Nacional de Tránsito. El acusado, a través de su defensa, refirió que se encontraba cansado y con somnolencia.

Segundo. Itinerario del procedimiento

2.1. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve el Juzgado Penal Unipersonal de Islay de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió condenar a José Vicente Quispe Choquemamani como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, en agravio de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez — fallecidos—, así como de Giancarlos Mamani Ticona y Jorge Luis Gutiérrez Guzmán —lesionados—; en consecuencia, le impuso cuatro años de pena privativa de libertad convertida a jornadas de prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación para la conducción de vehículos por el mismo plazo y el pago de S/ 174,000.00 —ciento setenta y cuatro mil soles— por concepto de reparación civil, a razón de S/ 50,000.00 —cincuenta mil soles—, S/ 50,000.00 —cincuenta mil soles— y S/ 70,000.00 —setenta mil soles— a favor de la sucesión de César Fernando Quispe Roque, Mercedes Teodora Ticona Núñez y Anaís Ysabel Sayra Gutiérrez, respectivamente, así como de S/ 4,000.00 —cuatro mil soles— a favor de Jorge Luis Gutiérrez Guzmán.

2.2. No conformes con la sentencia citada, el condenado y el tercero civil interpusieron recursos de apelación contra esta, lo que fue resuelto mediante la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que resolvió confirmar en todos sus extremos la sentencia de primera instancia y, además, adicionó que el pago de la reparación civil se realice de manera solidaria con el tercero civil.

2.3. Contra esta última sentencia, Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, incorporada al proceso como tercero civil responsable, interpuso recurso de casación, por lo que se elevaron los actuados pertinentes a la Corte Suprema. Luego del trámite correspondiente, con alegatos complementarios, se admitió el recurso y se dejó el expediente por diez días en la Secretaría de esta Sala Suprema para los fines pertinentes —conforme al artículo 431.1 del Código Procesal Penal (en adelante CPP)—. Vencido el plazo, se fijó fecha de audiencia de casación para el miércoles veintidós de junio de dos mil veintidós. Culminada esta, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada —en la que se debatieron el contenido del expediente y las alegaciones oralizadas en la vista—, en cuya virtud, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

Tercero. Argumentos del recurso de casación

3.1. Claudia Fátima Cusirramos Montesinos, incorporada al proceso como tercero civil responsable, interpuso recurso de casación excepcional —artículo 427.4 del CPP— contra la sentencia de vista del diecisiete de agosto de dos mil veinte. Formuló como tema para el desarrollo de doctrina jurisprudencial que se establezca que, ante la acumulación del proceso penal y civil, cada uno con sus finalidades distintas, el proceso penal se rige por el principio acusatorio y su finalidad es la sanción penal del delito; mientras que el proceso civil se rige por el principio dispositivo, lo que implica la obligación de las partes titulares del derecho de acreditar las pretensiones civiles que se reclaman, dado que dentro del proceso penal el Ministerio Público sustituye al agraviado como titular natural de la pretensión civil.

3.2. Alegó como motivos casacionales los previstos en los incisos 1, 3 y 5 del artículo 429 del CPP, esto es, afectación a sus derechos de debido proceso, tutela judicial efectiva y debida motivación de las resoluciones judiciales. Así, como sustento, indicó que se incurrió en motivación aparente al no indicarse las razones por las que se descartaron las proposiciones fácticas de la defensa, referidas a la declaración de Hipólito Oviedo, quien desarrolló un informe sobre los daños del vehículo Hyundai, lo cual está relacionado directamente con el daño emergente; por otro lado, no se consideró la condición de la propiedad del vehículo como sustento para fijar la reparación civil.

3.3. Se habría desconocido que en el proceso civil rige el principio dispositivo, según el cual las partes que aducen ser titulares de un derecho o que sustituyen a un titular del derecho se encuentran obligadas a acreditar sus pretensiones. Así pues, el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar las pretensiones civiles que solicita, así como acreditar a quiénes corresponde el resarcimiento solicitado, por lo que debía acreditar que las víctimas tenían herederos, a quienes se estaba sustituyendo en la acción resarcitoria civil; no puede fijarse la reparación civil a favor de personas indeterminadas. La sustitución de los agraviados por el Ministerio Público no exime a este último de someterse a las reglas del proceso civil.

3.4. El proceso penal se rige por el principio acusatorio y el proceso civil acumulado dentro de este por el principio dispositivo, y ambos deben ser objeto de revisión por separado. En el proceso penal tienen que discutirse aspectos relativos a la determinación de la conducta penal y la sanción penal, mientras que en el proceso civil se discutirán aspectos relativos al resarcimiento de los daños ocasionados con motivo del hecho delictivo, esto es, aspectos de reparación patrimonial, por lo cual es absoluta y totalmente aplicable la doctrina desarrollada en el IV Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil.

3.5. La acumulación de los procesos no implica una doble valoración de las pruebas o la repetición de estas, como señala el ad quem, sino celeridad y economía procesal. Los medios probatorios para determinar la responsabilidad penal nada tienen que ver con aquellos que sirven para determinar la responsabilidad civil y los daños derivados del delito, por lo que el razonamiento del ad quem sería incongruente.

3.6. En el presente caso, los daños no fueron debidamente identificados, en cuanto a su naturaleza y al titular directo del resarcimiento. El ad quem utilizó el artículo 1332 del Código Civil y lo aplicó para el íntegro del extremo civil, que contiene diversos tipos de daños. Este razonamiento es equivocado, pues el referido artículo es aplicable solo para determinar el daño moral e incluso fue desarrollada doctrina al respecto en el IV Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, la cual no ha sido tomada en cuenta en la sentencia, con lo que ha incurrido en apartamiento inmotivado del precedente judicial, así como en errónea interpretación del artículo 11 del CPP.

3.7. El monto de resarcimiento fijado no tiene determinación precisa respecto a qué daños se refiere, pues no se indica si es para cubrir el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral o la suma que cubre todos los conceptos.

Cuarto. Motivo casacional admitido y objeto del debate

El auto de calificación fue expedido el trece de agosto de dos mil veintiuno por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en que se declaró bien concedido el recurso de casación en su forma ordinaria y únicamente por los motivos casacionales previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 429 del CPP.

Es decir, en el presente pronunciamiento se realizará un análisis de la sentencia de vista recurrida a fin de verificar si, en el extremo de la reparación civil, se incurrió en inobservancia de la ley penal o indebida motivación de las resoluciones judiciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Quinto. Cuestiones preliminares

5.1. El desarrollo del proceso penal debe realizarse respetando las garantías constitucionales de carácter material y procesal. Así se  encuentran previstas en la Constitución Política del Perú algunas de ellas:

Artículo 139
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[…]
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

[…]
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

5.2. Los tipos penales imputados en el presente caso se encuentran previstos en el Código Penal. Así, según su forma vigente a la comisión de los hechos, se describe a continuación:

Artículo 111. Homicidio culposo del Código Procesal Penal

El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas.

[…]
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 – incisos 4), 6) y 7)-, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.

Artículo 124. Lesiones Culposas

El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa.

La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el artículo 121.

[…]
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 – incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.

5.3. Respecto a la acción civil, en el CPP se establece lo siguiente:

Artículo 11

1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el  perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso.

2. Su ámbito comprende las acciones establecidas en el artículo 93 del Código Penal e incluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad de los actos jurídicos que correspondan, con citación de los afectados.

Artículo 12

1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.

2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil.

3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.

5.4. Los alcances del pronunciamiento del Tribunal revisor vía recurso de apelación han sido delimitados en el CPP del siguiente modo:

Artículo 409. Competencia del Tribunal revisor

1. La impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.

Normas que debe aplicarse en concordancia con los artículos 425 y 393 del CPP.

Artículo 425. Sentencia de segunda instancia

[…]
2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas periciales, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

[Continúa…]

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