La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le habría exigido al Estado peruano, directamente al ex primer ministro Alberto Otárola, la no promulgación de la ley que debilita la colaboración eficaz, norma que el Congreso de la República finalmente aprobó en marzo de 2024.
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En detalle
En octubre de 2023, Daniëlle Goudriaan, presidenta del Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho (Soborno) en las Transacciones Comerciales Internacionales, había comunicado al expremier Alberto Otárola una lista de «cuestiones» que deseaba que el Perú revise de manera prioritaria, según informó La Contra.
Uno de los requerimientos era, por ejemplo, que no entrara en vigor el proyecto de ley que modifica el proceso especial de colaboración eficaz.
En la misiva, se indicaba que, una vez que el país haya respondido «satisfactoriamente los temas planteados», el grupo de trabajo procedería a evaluar si era «capaz de implementar los instrumentos legales anticorrupción de la OCDE».
En aquel contexto, de acuerdo con el periodista Paolo Benza, la secretaria de Integridad Pública de la PCM de ese tiempo, Sara Farfán Cuba, le pidió Otárola hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley.
Es así que, pese a las advertencias, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la norma y la difundió en el diario oficial El Peruano: Ley 31990.
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Sobre la norma
La OCDE no era el único organismo que detectaba en el PL un tropiezo en la lucha contra la corrupción; ya lo habían hecho la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hubo, además, otros dos pedidos:
- La garantía de una Junta Nacional de Justicia (JNJ) «eficaz y operativa».
- El registro de condenas en casos complejos de soborno corporativo, en particular los casos llevados a cabo por el Equipo Especial Lava Jato.
