El abogado Wilber Medina, defensa legal de Rafael López Aliaga exigió la renuncia inmediata de Roberto Burneo al cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) . El letrado atribuyó al magistrado una presunta «responsabilidad penal» y señaló que la Corte Suprema debe proceder con su reemplazo a través de un juez supremo accesitario. Sobre las vías legales para el cambio de titularidad, Medina indicó: «Por eso renuncia él o la Suprema lo remueve».
Ante el debate normativo sobre la imposibilidad legal de renunciar durante un proceso electoral en curso, el abogado argumentó que dicha premisa contraviene jurisprudencia nacional e internacional relacionada con la libertad de trabajo. Para sustentar su posición jurídica, el letrado recurrió a la jurisprudencia comparada y constitucional, afirmando: «La Corte Interamericana, el Tribunal Europeo y el Tribunal Constitucional ha establecido que no se puede obligar a nadie permanecer en un lugar que no desea trabajar».
El requerimiento de salida del magistrado supremo se fundamenta en el presunto incumplimiento de las labores de fiscalización de los comicios y la administración del presupuesto electoral. «El señor Burneo ha hecho todo lo que dijo acá no lo ha cumplido ni una línea, lo que ha venido a mentirle al país», cuestionó.
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Respecto a las resoluciones emitidas por el pleno del JNE, el abogado identificó contradicciones normativas en las conclusiones del documento que evalúa los plazos y el cronograma. Medina señaló que la resolución describe un impacto leve en su considerando 41, mientras que en la conclusión 37 reconoce expresamente «graves deficiencias en la organización», las cuales habrían motivado la adopción de medidas excepcionales bajo el criterio de conciencia.
Por último, el abogado objetó la calificación jurídica que el tribunal electoral otorgó a las votaciones ejecutadas el lunes 13. «Lo que se ha hecho el día lunes 13 no es una votación con ampliación de horario. No, señor, eso es pura y dura una elección complementaria», afirmó. Medina sustentó su posición indicando que a las 7 de la mañana de dicha fecha la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya reportaba resultados al 35.8 %, situación que, según su análisis legal, altera la naturaleza genuina y espontánea del sufragio.
