Procuraduría solicita inicio de diligencias preliminares contra José Ávila Herrera

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La Procuraduría General del Estado solicita al Fiscal de la Nación iniciar diligencias preliminares contra José Ávila Herrera y Félix Chero Medina por presunto cohecho. Esto se basa en testimonios de Jaime Villanueva Barreto que implican a los exfuncionarios en nombramientos irregulares y presuntas injerencias en favor de una empresa extranjera en un caso de reversión de predio en Marcona – Ica. La solicitud incluye declaraciones de los implicados y documentación relevante para esclarecer los hechos.


Nota de prensa 019-2024

PGE solicita inicio de diligencias preliminares contra José Ávila Herrera y Félix Chero Medina

Solicitud se basa en las declaraciones de Villanueva Barreto que involucraría a ambos exfuncionarios

La Procuraduría General del Estado, solicitó al Fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, disponga el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico, contra Henry José Ávila Herrera, Félix Inocente Chero Medina y Jaime Javier Villanueva Barreto.

De acuerdo a las declaraciones testimoniales de Villanueva Barreto, dichos exfuncionarios estarían involucrados en los nombramientos irregulares de Ávila Herrera como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y de Liz Patricia Benavides Vargas como Fiscal Suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como supuestas injerencias referidas al favorecimiento de una empresa extranjera sobre reversión de un predio en Marcona – Ica del Ministerio de Defensa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El pedido de esta Procuraduría incluye la solicitud de declaraciones de los implicados así también como documentación que permita esclarecer estos graves hechos.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso con la protección de los intereses del país, trabajando incansablemente y reafirma su compromiso de defender y cautelar los derechos e intereses del Estado en todas las instancias públicas en las que tenga competencia.

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