En el marco de las recientes evaluaciones llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la doctora Silvia Gabriela Martínez Tamayo, actual fiscal adjunta provincial titular y fiscal provincial provisional de la Fiscalía de Familia de Quispicanchi, se presentó para postular al cargo de jueza de familia.
Durante su intervención, la postulante expuso su trayectoria profesional, destacando sus inicios como asistente de juez en el Poder Judicial durante tres años, experiencia que, sumada a su posterior labor en el Ministerio Público, le otorga una visión integral del sistema de administración de justicia para asumir la judicatura.
El salto del Ministerio Público al Poder Judicial
Uno de los momentos más destacados de la evaluación se produjo cuando el consejero De la Fuente le formuló una interrogante directa respecto a su trayectoria: ¿Por qué quiere dejar el Ministerio Público para irse al Poder Judicial? Ante esta consulta, Martínez Tamayo explicó que, si bien su vocación siempre ha sido servir a la población que recurre al sistema de justicia, su postulación obedece a una legítima meta de ascenso profesional.
Precisó que, en la actualidad, la especialidad de familia en el Ministerio Público no cuenta con muchas plazas, por lo que acceder a la magistratura representa una oportunidad idónea para progresar en la rama en la que se ha desempeñado durante los últimos años.
En cuanto a su labor funcional, la postulante abordó la alarmante incidencia de delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, un problema que calificó como estructural y de educación. Al respecto, reveló que, según su experiencia en el despacho fiscal, aproximadamente el 80 % de los casos de agresión involucran a parejas de convivientes, frente a un 20 % de matrimonios formalizados.
No obstante, aclaró que la génesis del conflicto es la misma en ambas instituciones, descartando que la convivencia implique un menor nivel de compromiso, y resaltó su enfoque dinámico para interconectar instituciones y dictar medidas de protección eficaces para las agraviadas.
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Justicia comunal y conflictos de interés
La entrevista también abarcó temas de relevancia constitucional y sociológica, como la administración de justicia por parte de las comunidades al amparo del artículo 149 de la Constitución Política. A partir de las preguntas de Cayo Galindo sobre el sirvinacuy (convivencia ancestral), la fiscal reconoció que la organización comunal resuelve de manera óptima conflictos menores, como los problemas de linderaje, gracias al conocimiento previo de las partes y sus costumbres. Sin embargo, advirtió que cuando los hechos trascienden a la afectación de derechos más delicados y complejos, las propias comunidades derivan el problema a la justicia ordinaria, lo que evidencia la necesidad de mantener un puente fluido entre ambos sistemas.
Finalmente, la postulante fue consultada sobre cómo manejaría un eventual conflicto de intereses en la judicatura, considerando que su cónyuge es un abogado que ejerce la defensa de manera independiente a través de su propio estudio jurídico. Con firmeza, Martínez Tamayo aseguró que actuaría en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, la cual establece la obligación ineludible de inhibirse de conocer cualquier causa en la que su esposo o el estudio de este se encuentren inmersos litigiando, garantizando de esta manera la imparcialidad y transparencia requeridas para el cargo.
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