¿Cómo trabaja en su juzgado de investigación preparatoria? JNJ entrevista a Juan Ramiro Lorotupa Cáceres

En una reciente entrevista realizada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el magistrado Juan Ramiro Lorotupa Cáceres, actual juez supernumerario del Séptimo Juzgado de  Investigación Preparatoria de Arequipa, expuso las metodologías de trabajo que aplica diariamente en su despacho.

Ante la alta carga procesal que afronta el sistema de justicia, el candidato propuso impulsar el uso de «convenciones probatorias» durante la etapa de juzgamiento, una figura que permitiría a las partes dar por sentados ciertos hechos materiales y enfocar el debate en controversias estrictamente jurídicas, acelerando de este modo el trámite de los expedientes.

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Respecto a la interrogante central sobre cómo trabaja en su Juzgado de Investigación Preparatoria, el magistrado detalló que realiza un estricto monitoreo diario mediante el sistema informático para verificar los escritos y requerimientos pendientes de cada especialista legal. Lorotupa explicó que emplea una comunicación de línea «horizontal», apersonándose directamente al equipo de especialistas para inquirir sobre el retraso procesal, otorgando máxima prioridad a las pruebas anticipadas y a los casos que involucran a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, menores de edad y víctimas de violencia sexual. Frente a esta práctica, los integrantes de la JNJ le sugirieron optimizar sus labores de gestión exigiendo cuentas con un reporte general del sistema en mano, en lugar de consultar cada expediente de forma individualizada.

Control de calidad, plazos de prescripción y evaluación dogmática

En el ámbito estrictamente jurisdiccional, Lorotupa Cáceres aseguró que el control de calidad de sus resoluciones, las cuales emite de manera oral de forma cotidiana se sostiene en una constante actualización doctrinaria y jurisprudencial, destacando que sus decisiones suelen ser confirmadas por la instancia superior.

Durante el escrutinio de los evaluadores, también analizó la reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley 31751, que limita la suspensión de los plazos prescriptorios. Aunque reconoció la constitucionalidad de la norma, el juez consideró necesario realizar ajustes para que dicha suspensión no sea uniforme, sino que discrimine entre procesos por delitos simples y aquellos ligados al crimen organizado o de alta complejidad procesal.

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Siguiendo con la discusión técnica, el juez defendió la figura del «plazo razonable» como una garantía fundamental del debido proceso a favor del justiciable, cuestionando la praxis judicial de extender las investigaciones hasta los plazos máximos (como 18 o 36 meses) cuando las diligencias pueden concluirse en menor tiempo.

Por otro lado, al ser consultado sobre el panorama institucional y político, el candidato descartó tener conocimiento o percibir que existan sectores ideológicos que mantengan un control histórico sobre el Poder Judicial o el Ministerio Público con el propósito de instrumentalizar la justicia para perseguir adversarios políticos.

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