En el ámbito civil, uno de los procedimientos legales más comunes es el relacionado con las pensiones alimenticias. Cuando la persona responsable de proporcionar dicha manutención no cumple con sus obligaciones establecidas por sentencia firme en el proceso civil, el asunto se lleva ante un juzgado penal.
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En este contexto, el juzgado puede imponer una pena de prisión suspendida al deudor alimentario. Esto significa que la persona no irá a prisión de inmediato, pero debe cumplir con determinadas reglas de conducta, como realizar los pagos pendientes de manera fraccionada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58, numeral 4, del Código Penal.
Si el deudor no cumple con estas reglas, el juez tiene la facultad, según el artículo 59, numeral 3, del mismo Código, para revocar la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir, si el deudor no paga los alimentos según lo acordado, el juez puede ordenar que la persona cumpla la pena de manera efectiva.
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No obstante, surge un problema significativo cuando el deudor alimentario no solo incumple con las obligaciones establecidas en la sentencia penal, sino que también acumula nuevas deudas relacionadas con los pagos estipulados en la sentencia civil correspondiente. Estas nuevas deudas, al no haber sido objeto del proceso penal inicial, requieren iniciar un nuevo procedimiento penal para obtener una nueva sentencia respecto de ellas.
Aquello tiene graves consecuencias. Por un lado, provoca un aumento en la acumulación de procesos judiciales, lo que a su vez ocasiona retrasos en la administración de justicia. Por otro lado, el beneficio de la persona que depende del alimentante sigue sin ser satisfecho en la medida óptima.
El patrón constante de incumplimiento socava el propósito esencial de la sanción, que es corregir la conducta del infractor y prevenir futuras reincidencias. De esta manera, lejos de fomentar la rehabilitación y la prevención de delitos, se perpetúa un ciclo de infracciones, debido a que la sanción impuesta no resulta suficientemente efectiva para modificar la conducta del delincuente.
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Sin embargo, el problema no radica en una carencia de la legislación vigente que impida legitimar la pena y alcanzar los objetivos pretendidos con ella, sino en una deficiente práctica jurídica por parte de los operadores del derecho, quienes no aplican otras medidas de corrección que podrían ser más efectivas para lograr los propósitos de la pena.
Así, se plantea una regla de conducta respaldada por el artículo 58, numeral 8, que permite establecer directrices de conducta adecuadas para la rehabilitación del condenado, siempre que estas no vulneren su dignidad.
Código Penal:
Art. 58, numeral 8:
“Artículo 58.- El Juez al otorgar la condena condicional, impondrá las siguientes reglas de conducta
[…]
8. Los demás deberes adecuados a la rehabilitación social del agente, siempre que no atenten contra la dignidad del condenado.” (énfasis añadido)
Bajo esta premisa, es factible establecer como nueva regla de conducta que, ante el incumplimiento en el abono de las cuotas establecidas en la sentencia civil, se debería revocar la suspensión de la pena impuesta, optando en su lugar por una sanción privativa de libertad. En otras palabras, esta regla de conducta establecería el mantenerse al día en el pago de todos los conceptos ordenados en la sentencia civil emitida en el proceso alimentario.
El propósito de esta regla es garantizar un cumplimiento de las responsabilidades legales, corregir el comportamiento del deudor y prevenir futuros litigios con la misma causa. Al enfocarse en el incumplimiento tanto de pagos atrasados como en los venideros, se busca evitar la realización de comportamientos dirigidos a cometer el mismo delito.
