El presidente Javier Milei impulsó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad al incorporar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa propone que menores desde los 13 años puedan responder penalmente por delitos graves.
El Gobierno confirmó que la discusión, postergada el año pasado por falta de consensos políticos, deberá reiniciarse debido a que el dictamen de mayoría perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo. No obstante, desde La Libertad Avanza señalaron que se mantendrían la mayoría de los acuerdos alcanzados en 2025, cuando un plenario de comisiones logró un despacho respaldado por varias bancadas.
El proyecto original, enviado al Congreso en julio de 2024, plantea reducir la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 13 años. Según el Ejecutivo, la medida busca armonizar la legislación argentina con la de otros países de la región, donde la imputabilidad comienza entre los 12 y 14 años.
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Milei anunció que la propuesta será parte del paquete de leyes que el Congreso tratará desde el 2 de febrero en sesiones extraordinarias. «Estamos mandando la baja de edad de imputabilidad para menores que delinquen, porque en Argentina el que las hace las paga: delito de adulto, pena de adulto», afirmó el mandatario durante una actividad pública en Mar del Plata.
El régimen contempla un sistema de sanciones que prioriza penas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento a la víctima. Estas medidas podrían aplicarse en delitos con penas menores, siempre con intervención del Ministerio Público Fiscal y participación de la víctima.
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Asimismo, según informó Infobae, el proyecto incluye programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y controles especializados, además de intervenciones específicas en casos de salud mental, consumo problemático de sustancias o entornos familiares violentos. El cumplimiento de estas medidas estaría supervisado por profesionales designados por el juez.
En materia de garantías, se establece la reserva de los procesos y la prohibición de difundir la identidad de los adolescentes imputados, así como la intervención obligatoria de la asesoría tutelar y la notificación a los padres desde el inicio. También se refuerzan los derechos de las víctimas, con acceso a patrocinio gratuito y acompañamiento psicológico.
