En entrevista con LP, el abogado especialista en derecho de familia Juan Carlos del Águila analizó los problemas más frecuentes relacionados con la fijación y cobro de pensiones alimentarias en el Perú. Durante la conversación, el especialista explicó cuáles son los criterios que suelen utilizar los jueces para determinar el monto de una pensión y cómo influyen los ingresos del obligado.
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Durante la entrevista, Del Águila señaló que muchas veces existen expectativas desproporcionadas respecto a los montos solicitados en los procesos de alimentos. El abogado indicó:
Lo habitual que fija un juez por un hijo, sin importar la edad, es entre 25% a 35% de los ingresos. Hay demandados que perciben más de 20 000 soles mensuales, donde un 15% o 20% ya es un buen presupuesto y le dejas un 80% a la otra persona. Pero si no vemos porcentajes y de frente se piden 5000 soles sin importar cuánto gane, estamos hablando de montos que no corresponden a la realidad.
Abogado explica por qué muchos casos terminan en la vía penal
Otro de los temas abordados durante la conversación fue el incumplimiento reiterado de pensiones alimentarias y el traslado de los casos hacia la jurisdicción penal. Del Águila señaló que muchos obligados ignoran conciliaciones, requerimientos judiciales y órdenes de pago hasta que existe la posibilidad de una condena penal.
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Según explicó, el principal problema dentro de estos procesos no es obtener una sentencia, sino conseguir efectivamente el pago. En esa línea, comentó que muchos padres «reciben invitaciones para conciliar y no pagan», luego «se judicializa el caso y no pagan», situación que termina trasladando el conflicto a la vía penal.
El especialista indicó además que la posibilidad de una pena privativa de libertad suele convertirse en el mecanismo de presión más efectivo. De acuerdo con su experiencia profesional, muchas personas reaccionan recién cuando existe riesgo de cárcel, incluso en casos donde antes no les preocupaban medidas como el registro de morosos alimentarios o el impedimento de salida del país.
Especialista advierte impacto de la informalidad laboral
Durante la entrevista, Del Águila sostuvo que la informalidad laboral es uno de los principales obstáculos para ejecutar pensiones alimentarias, ya que, según explicó, «la mayoría de deudores son independientes», lo que provoca que «no hay cómo cobrarles rápidamente» cuando dejan de cumplir con el pago ordenado judicialmente.
El abogado explicó que muchos demandados incluso renuncian a trabajos formales para evitar descuentos por planilla y pasar a depender únicamente de ingresos independientes. A partir de ello, señaló que algunas personas aprovechan la ausencia de mecanismos inmediatos de retención para retrasar pagos mientras continúa el proceso judicial.
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Del Águila también cuestionó ciertas estrategias utilizadas dentro de algunos procesos de alimentos. Durante la conversación mencionó que existen abogados que aconsejan a sus clientes no cumplir inicialmente con la obligación alimentaria para posteriormente buscar acuerdos por montos menores. Según indicó, hay casos donde se recomienda «no pagar para luego lograr conciliar por un monto menor», situación que, afirmó, termina prolongando el conflicto y afectando principalmente al menor involucrado.
Del Águila plantea mayor control sobre el uso de la pensión
Otro de los puntos desarrollados durante la entrevista estuvo relacionado con el uso del dinero entregado por concepto de alimentos. El abogado sostuvo que actualmente no existe una obligación legal que permita verificar de manera formal cómo se utilizan esos recursos.
En esa línea, explicó que en el Perú no existe un sistema que obligue a quien administra la pensión a «rendir cuentas bancarias de lo que hace con el dinero depositado». Por ello, consideró que debería implementarse un mecanismo similar al utilizado con tutores o curadores, donde se pueda acreditar cómo se emplea el dinero destinado al menor.
El especialista añadió que actualmente sería posible implementar mecanismos digitales simples para transparentar esos gastos. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de utilizar boletas electrónicas, archivos virtuales o sistemas de registro mediante plataformas digitales para evidenciar pagos vinculados a educación, alimentación o salud.
Procesos de alimentos pueden demorarse por carga judicial
Del Águila también se refirió a la duración de los procesos judiciales y señaló que la sobrecarga existente en los juzgados de familia genera retrasos tanto en la fijación de pensiones como en la ejecución de cobranzas.
Según explicó, «la carga procesal en materia de familia y temas alimentarios es alta en el Poder Judicial», situación que genera demoras desde las primeras etapas del proceso. El abogado comentó que incluso la calificación inicial de una demanda puede tardar varias semanas debido al volumen de expedientes existentes en los juzgados.
Durante la entrevista agregó además que existen distintos mecanismos para impulsar expedientes, como escritos, atención virtual o gestiones presenciales. Sin embargo, precisó que el avance real de cada proceso depende finalmente de la carga procesal y del funcionamiento interno de cada despacho judicial.
Mira la entrevista completa aquí:
