Lesli Roxana Gonzales Cabanillas presentó su renuncia irrevocable como integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La dimisión fue dirigida al ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, mediante una carta presentada el 13 de mayo de 2026 ante la mesa de partes del sector.
En el documento, Gonzales Cabanillas sostiene que su decisión responde a situaciones ocurridas en los últimos días relacionadas con cuestionamientos públicos y exposición mediática. «Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde, exclusivamente, a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días», señala.
La exintegrante de la comisión también señaló que la cobertura periodística habría afectado su entorno personal y familiar. «Incluyendo la presencia reiterada de medios de comunicación en mi domicilio que han vulnerado mi tranquilidad personal y familiar».
«Soy una mujer orgullosamente chotana»
En otro tramo de la carta, Gonzales Cabanillas hace referencia a su origen y trayectoria profesional dentro del sector público. La abogada indicó que inició su carrera en el sistema judicial y rechazó que su lugar de nacimiento sea utilizado para cuestionar su desempeño profesional:
Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria, iniciada como secigrista en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y construida a lo largo de los años en diversas instituciones públicas, no ha sido regalada ni heredada.
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Asimismo, sostuvo que su desarrollo profesional fue producto de «esfuerzo, rigor técnico y vocación de servicio». En esa línea, agregó: «Nací lejos de Lima y eso no me hace menor, ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza».
Cuestiona que se use su origen para evaluar su idoneidad
Dentro de la carta de renuncia, Gonzales Cabanillas también rechazó que se utilicen aspectos relacionados con su procedencia o entorno familiar para evaluar su desempeño dentro de la función pública.
«Rechazo categóricamente que mi lugar de nacimiento o las opiniones de mis familiares sean utilizados para cuestionar mi idoneidad profesional». La exfuncionaria añadió además que «la discriminación por origen no es una opinión legítima, es un anacronismo que no merece mayor debate y un prejuicio que en el Perú, que queremos todos, se debe desterrar».
La exintegrante de la Comisión de Gracias Presidenciales indicó además que reconoce la necesidad de control ciudadano sobre quienes ejercen cargos públicos, aunque sostuvo que dicho control no debe convertirse en hostigamiento personal.
«Asimismo, reconozco el control ciudadano que corresponde a quienes ejercemos cargos en el Estado; sin embargo, considero que dicho control no puede traducirse en hostigamiento personal, afectación familiar y/o discriminación», aseguró en su pronunciamiento.
