Diversos gremios empresariales y asociaciones nacionales solicitaron una auditoría internacional a los sistemas y procesos informáticos de la ONPE tras las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la revisión debe determinar si los problemas registrados obedecen a fallas operativas o a una eventual manipulación deliberada, y pidieron que el informe se emita antes de la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta presidencial.
Asimismo, demandaron la separación del jefe interino de la ONPE y de funcionarios vinculados a la anterior gestión, al considerar que su permanencia afecta la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la organización de una eventual segunda vuelta.
Los gremios también propusieron que las Fuerzas Armadas asuman la logística del traslado y resguardo de las ánforas electorales, con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia del proceso.
LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA DEBEN PREVALECER POR LA SALUD DE LA DEMOCRACIA
Ante las graves irregularidades en el proceso electoral, que los peruanos hemos podido constatar desde el 12 de abril, es decir, desde el mismo día del sufragio, los gremios firmantes emitimos el siguiente pronunciamiento:
1.- Reiteramos la necesidad de realizar una auditoría de los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que la ciudadanía conozca si dichas irregularidades responden a deficiencias operativas o a una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal.
Esta auditoría debe emitir su dictamen antes de la proclamación de los resultados presidenciales de la primera vuelta. Asimismo, para garantizar su idoneidad e imparcialidad, deberá ser realizada por una empresa de reconocido prestigio internacional.
2.- De igual manera, reiteramos la importancia de que el jefe interino de la ONPE, así como el entorno del anterior titular de esa institución sean separados de sus cargos, pues son en gran medida responsables de las irregularidades cometidas. La permanencia de estos funcionarios no genera confianza en la ciudadanía, por lo que no deben conducir el proceso de la segunda vuelta electoral.
3.- Finalmente, con el propósito de evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos, proponemos que la logística vinculada al traslado de las ánforas hacia los locales de votación, así como a los almacenes de resguardo, sea asumida por personal de las Fuerzas Armadas del Perú.
Lima, 06 de mayo de 2026.
