La Junta Nacional de Justicia (JNJ) llevó a cabo la entrevista personal a la doctora Paola Jackelin Umiyauri Quirita, quien postula a una plaza en el Juzgado Penal Unipersonal con subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar del distrito judicial de Cusco. Durante su presentación, la candidata expuso las razones de su solicitud de traslado desde Ica hacia la región imperial, motivada principalmente por una situación de fuerza mayor vinculada a una intervención quirúrgica de alta complejidad de su menor hija y la necesidad de contar con soporte familiar en la zona andina.
Méritos académicos y estrategias de gestión de despacho
Al ser consultada sobre la alta carga psicológica que demanda la subespecialidad a la que postula, Umiyauri Quirita destacó su preparación académica y su capacidad de control emocional. En ese sentido, la abogada resaltó como un logro importante el haber ocupado el primer lugar en el orden de méritos de su salón durante el segundo nivel del Programa de Formación de Aspirantes (PROFA).
Sumado a ello, para enfrentar el bajo nivel de producción resolutiva que advirtió en los juzgados cusqueños de esta materia, la postulante propuso un plan de trabajo estratégico basado en la programación de agendas temáticas por delitos y el fortalecimiento de la comunicación asertiva con el administrador y los especialistas de causa.
En el ámbito netamente doctrinario y jurídico, la postulante sustentó su posición académica respecto al control difuso y de convencionalidad por parte de los representantes del Ministerio Público. Aunque reconoció que la jurisprudencia actual reserva la facultad del control difuso exclusivamente para los jueces, Umiyauri argumentó, basándose en su tesis de maestría, que los fiscales podrían ejercer una especie de «control preventivo» para garantizar la constitucionalización del proceso penal y proteger principios fundamentales de las partes, tales como el plazo razonable y el derecho a la defensa.
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Imparcialidad judicial frente al enfoque de género
Uno de los momentos de mayor debate durante la entrevista se centró en la aplicación del enfoque de género y el riesgo de que los magistrados asuman sus cargos con sesgos ideológicos predeterminados. La candidata fue enfática al afirmar que los operadores de justicia deben obediencia estricta a la Constitución y la ley, rechazando cualquier tipo de ideologización.
Aclaró que, si bien la Ley 30364 establece la obligación de observar el enfoque de género para reconocer las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, este concepto no puede vulnerar el principio de presunción de inocencia, advirtiendo que los procesos deben resolverse con objetividad e imparcialidad, aplicando herramientas jurídicas como el Acuerdo Plenario 2-2005 para casos de denuncias falsas.
Finalmente, la magistrada abordó temas de ética e idoneidad en la función pública, cuestionando duramente el denominado «espíritu de cuerpo» que a menudo encubre inconductas funcionales dentro de las instituciones de administración de justicia. Para ilustrar su rechazo a estas prácticas, relató un episodio de su trayectoria en el que, actuando como directora de debates en un colegiado de emergencia, se vio en la obligación de reportar ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) la inasistencia injustificada del presidente del tribunal a una sesión, priorizando los Principios de Bangalore y el código de ética judicial por encima de las represalias procesales que posteriormente enfrentó y superó.
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