La Junta de Jueces Titulares de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por la reciente promulgación de la Ley 32182, que incorpora como delito de prevaricato la liberación de detenidos en flagrancia, sancionando a los jueces responsables con penas de hasta 12 años de prisión.
Según los magistrados, esta norma vulnera la independencia judicial al criminalizar decisiones inherentes a su función, como el control de la legalidad de las detenciones y su proporcionalidad, contraviniendo principios constitucionales y convencionales.
Los jueces consideran que esta ley desvirtúa el debate sobre la inseguridad ciudadana y busca trasladar al Poder Judicial una responsabilidad que no le corresponde, infringiendo la separación de poderes consagrada en la Constitución.
Asimismo, hicieron un llamado a diversos actores, como las Juntas de Jueces, Colegios de Abogados, universidades y la Defensoría del Pueblo, a movilizarse e informar a la ciudadanía sobre esta problemática y a proponer alternativas que respeten el marco legal.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
PRONUNCIAMIENTO
La Junta de Jueces Titulares de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en sesión virtual de la fecha, acordó emitir el siguiente PRONUNCIAMIENTO A LA OPINIÓN PÚBLICA:
El día de hoy se ha promulgado la Ley N° 32182, que modifica el artículo 418° del Código Penal, incorporando como figura típica del delito de prevaricato la liberación de un detenido en flagrancia, sancionando al Juez que dispone su libertad hasta con 12 años de prisión.
Esta medida -como es evidente- afecta gravemente la independencia de los magistrados del Poder Judicial, pues criminaliza un acto propio y exclusivo de su función: controlar la legalidad de la detención y evaluar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la detención judicial, lo que atenta contra expresas disposiciones constitucionales y convencionales.
Consideramos que la labor legislativa debe ser ejercida con ponderación y en estricto respeto de la Constitución y las leyes y no debe ser empleada -como ocurre- para distraer el debate sobre la inseguridad ciudadana en nuestro país, pretendiendo atribuir tal responsabilidad al Poder Judicial, en clara contravención a nuestra Carta Magna.
Invocamos a las Juntas de Jueces y a las Salas Plenas del Poder Judicial a expresar su posición al respecto; a los Colegios de Abogados, a la Defensoría del Pueblo, a las Universidades y Facultades de Derecho de nuestro país, a ejecutar campañas de información y difusión en sus respectivos ámbitos sobre esta problemática, que permitan debatir alternativas para su solución.
Consideramos que éste es un momento crítico para la judicatura y que los jueces peruanos nos encontramos obligados, históricamente, a expresar una clara y sólida posición institucional ratificando nuestra vocación democrática, sustentada en el respeto a la Constitución y a la división de poderes.
Cajamarca, 11 de diciembre de 2024
