«Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana». Frase atribuida a Francesco Carrara, la cual no hace más que rechazar toda interferencia política en el siempre celoso trabajo judicial, de manera que asi se pueda preservar la autonomia, imparcialidad y la independencia, triada de características necesarias para la impartición de justicia en un Estado Constitucional de Derecho.
Hace muy pocas horas, al interior del Congreso de la República del Perú, se ha propuesto la elección popular de jueces y fiscales, una propuesta que quizá en un primer momento resulte convincente y satisfactoria para un gran sector de la sociedad desesperada por un cambio, pero que si la analizamos a fondo, podemos notar que es una propuesta con tintes populistas y hasta demagogos, utilizando como fundamento la gran desaprobación social que tienen las entidades públicas para pretender desprenderlas de la autonomia, independencia e imparcialidad que tanto les ha costado y les sigue costando conseguir.
Un aspecto que resulta de sumo interés es que, en los fundamentos de la Propuesta de Ley, se menciona que el objetivo principal de esta reforma es satisfacer la necesidad de elevar el nivel de confianza en las instituciones públicas del pais, la cual actualmente se encuentra por los suelos, encontrando su causa en los recientes casos de corrupción a nivel institucional. Es decir, se intenta mitigar la corrupción a través de la elección popular, pero, ¿no es que acaso la historia se ha encargado de demostrar que la elección popular es la fuente principal de corrupción en nuestro pais? ¿Cuántos casos de corrupción han encontrado asidero en las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo? En otras palabras, la elección popular de jueces y fiscales facilitará el clientelismo político, lo cual, si bien en el Poder Ejecutivo y Legislativo ya es un gran problema, puesto bajo el enfoque judicial, esta problemática cobra mayor gravedad y preponderancia, ya que lo que estará condicionado por favores en el proceso electoral ya no serán politicas de obras públicas, sino las decisiones judiciales, decisiones que afectan e inciden de manera directa sobre la vida personal de los ciudadanos.
Esto sin duda, terminaría por disminuir a cero la independencia y autonomía que debe caracterizar a las actuaciones de jueces y fiscales. Por otro lado, no vale soslayar que la materialización de esta propuesta llevaría al ridículo propagandismo politico en sede judicial, lo cual le resta —si es que no quita por completo— seriedad y respeto a una de las funciones más circunspectas dentro de nuestro sistema judicial. A modo de reflexión final, no se trata de convertir al Poder Judicial y al Ministerio Público en el punto focal en el que se concentre la insatisfacción de todo el país, menoscabando su independencia bajo la fachada de una democratización judicial.
Si bien esta propuesta jamás debió vera la luz del día, es ahora el momento de que se analice a profundidad y con la debida sobriedad esta idea, tener en cuenta las cuestiones judiciales, sociales, y no obviar, por supuesto, la escasa cultura electoral que existe en nuestro país, teniendo en cuenta los desastrosos antecedentes en sede ejecutiva y legislativa. Se hace un llamado también a los gremios e instituciones jurídicas del país a defender la autonomía y rechazar impetuosamente este intento de politizar la justicia.
