Como habíamos anunciado, el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, que se realizó en octubre en la ciudad de Lima, abordó siete temas puntuales, a saber:
- ¿Los policías municipales y serenos son obreros o empleados?
- Procedencia y aplicación de las bonificaciones especiales reguladas por los decretos de urgencias 090-96-EF, 073-97-EF y 011-99-EF para los pensionistas de empresas del Estados, adscritos al régimen del Decreto Ley N° 20530 y la forma de su cálculo.
- Aplicación del principio iura novit curia en el pago de intereses legales en procesos judiciales donde se disponga el pago de deudas pensionarías, aun cuando no se hubieran solicitado en la demanda o reconocido en la sentencia.
- Responsabilidad Civil por accidente de trabajo, en aplicación del art. 53 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aplicación del régimen especial de construcción civil en entidades del Estado.
- Aclaración del tema legitimidad de herederos del titular de derecho a pensión (lll Pleno Supremo Laboral y Previsional).
- Caducidad.
Gracias al juez superior Jelio Paredes Infanzón, ponemos a disposición de nuestros lectores los acuerdos adoptados por los magistrados supremos integrantes de las salas de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema:
Los jueces supremos integrantes de la Primera y la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, realizaron en audiencia pública el VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, llegando a los siguientes acuerdos:
1. Responsabilidad civil por accidente de trabajo, en aplicación del artículo 53 de la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo
El Pleno acordó por unanimidad:
El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador.
Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta el artículo 1° de la Constitución Política del Perú.
En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, lucro cesante o daño moral y atendiendo a la conducta del empleador frente al caso concreto.
2. Categoria laboral en que se debe enmarcar a los policías municipales y al personal de serenazgo
El Pleno acordó por unanimidad:
Los policías municipales y el personal serenazgo al servicio de las municipalidades deber ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de los principios pro homine y progresividad. Es decir, deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728).
3. El cómputo del plazo de caducidad durante los días de paralización de labores de los trabajadores del poder judicial
El Pleno acordó por unanimidad:
En el caso de la caducidad, al plazo legalmente establecido para la presentación de la demanda, no se le debe incluir los días de paralización de labores por huelga de los trabajadores del Poder Judicial cuando ello implique una falta de funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual se encuentre la mesa de partes respectiva. Po lo que, con esta atingencia, todos los días de paralización deberán ser descontados del plazo de caducidad.
4. Aplicación de la plena jurisdicción y el principio de economía procesal, en el pago de intereses legales en procesos judiciales en los que se disponga el pago de deudas pensionarias, aun cuando no hubieran sido solicitados en la demanda o reconocidos en la sentencia.
EL Pleno acordó por unanimidad:
En todos aquellos procesos judiciales de carácter previsional que se encuentren en trámite de ejecución y en los cuales se haya dispuesto el pago de deudas previsionales, los magistrados deberán dispones el pago de los correspondientes intereses generados a consecuencia del incumplimiento de pago de la obligación pensionaria principal, aun cuando éstos no hubieran sido demandados e incluso en aquellos casos que hubieran sido declarados improcedentes en razón de la vía procedimental.
Asimismo, en la sentencia se debe establecer en forma expresa desde cuando se calculará los intereses y, en caso que no se establezca, los interese serán calculados desde el momento de producida la afectación a los derechos pensionarios del demandante, con las restricciones del artículo 81 del Decreto Ley N° 19990 y utilizando la tasa de interés legal establecida por el BCRP, la misma que no puede capitalizarse.
5. Aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en entidades del Estado
El Pleno acordó por unanimidad:
Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil.
Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra de construcción de carácter eventual.
En el caso de obreros menores de naturaleza permanente corresponde a los trabajadores obreros, el régimen laboral común de la actividad privada.
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6. Procedencia y aplicación de las bonificaciones especiales reguladas por los decretos de urgencia 090-96-EF, 073-97-EF y 011-99-EF para los pensionistas de empresas del estado, adscritos al régimen del Decreto ley 20530 y la forma de su cálculo
El Pleno acordó por unanimidad:
Modificar el acuerdo del IV Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional sobre este tema en los siguientes términos:
Respecto de la aplicación de los Decretos de Urgencia Nos 090-96, 073-97 y 011-99 a los pensionistas sujetos al régimen del Decreto Ley N° 20530, que hayan cesado bajo el régimen de la actividad privada, tienen derecho a percibir las bonificaciones especiales reguladas por dichos dispositivos, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que el solicitante haya tenido la calidad de pensionista al momento en que entraron en vigencia dichos Decretos de Urgencia.
2. Que no haya percibido un aumento en sus pensiones en virtud de Convenio Colectivo; que tampoco hay percibido un aumento de remuneraciones en virtud de las bonificaciones de los Decretos de Urgencia antes señalados.
3. Aquellos pensionistas que perciban estos incrementos en mérito a otras normas especiales, percibirán los montos establecidos en esas disposiciones y no establecidos en los Decretos de Urgencia antes señalados.
4. Que el pensionista no perciba el tope de la pensión de 2 UIT. La pensión a pagar no superará dicho tope, en ningún caso.
La base de cálculo de las bonificaciones (porcentaje del 16%) de los Decretos de Urgencia se hará utilizando como base la remuneración del servidor público que desempeño el mismo cargo o categoría equivalente al día del pensionista solicitante de la bonificación, de acuerdo a la escala que aprobará el Ministerio de Economía y Finanzas de los niveles remunerativos de los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 pertenecientes al régimen laboral de la actividad pública.
7. Reconocimiento del derecho pensionario del causante planteada por sus herederos
EL Pleno acordó por mayoría:
Precisar el acuerdo del III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional sobre este tema, en el sentido siguiente:
Corresponde únicamente al asegurado requerir administrativa y/o judicialmente su derecho al reconocimiento de la pensión de la cual es titular, así como su nivelación o actualización.
Asimismo, tienen legitimidad para solicitar vía administrativa y/o judicial, la pensión de jubilación del asegurado, su nivelación o actualización sus sobrevivientes; que, en este caso, son su cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos incapacitados para el trabajo (siempre que la incapacidad se haya producido antes de la mayoría de edad) e hijos mayores que sigan estudios superiores con éxito y los ascendientes del asegurado. En los casos señalados, se toma en consideración el orden de prelación reconocido por ley.
En el caso de procedimientos administrativos o procesos judiciales ya iniciados por el asegurado, los herederos pueden continuar con el séquito del proceso respectivo.
