Sentencia en PDF: Jueza constitucional de Arequipa anula segunda licitación del Sistema Integrado de Transporte (SIT)

El juzgado Constitucional de la Corte de Arequipa que despacha la Dra. Karina Apaza del Carpio, declaró la nulidad de la convocatoria de la segunda licitación pública especial para la concesión de operadores del servicio urbano masivo de pasajeros denominado, “Sistema Integrado de Transporte” de Arequipa, conocido como SIT.

En la sentencia emitida por la magistrada en virtud a la demanda deAmparo interpuesta por la empresa de transportes “Señor del Gran Poder Monterrey C” en contra la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Comité Especial a cargo de la mencionada concesión, se sostiene que durante este proceso se han vulnerado sendos derechos constitucionales.

En este sentido, el fallo judicial advierte que se ha atentado contra la libre competencia así como la libre concurrencia al no haberse publicitado el plazo de registro de participantes de la segunda convocatoria de licitación pública para la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros, impidiendo la pluralidad de ofertas en dicho proceso.

Asimismo, sostiene que se ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo de la demandante que en calidad de empresa dedicada al servicio de transporte tiene el derecho de elegir libremente a prestar servicio de transporte en Arequipa, presentándose a las convocatorias de licitación que considere pertinentes.

Esta decisión judicial de primera instancia, considera igualmente que existe afectación al derecho de igualdad y al principio de libre concurrencia, al no consignarse en las bases de la segunda convocatoria de licitación especial para la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, el requisito de admisibilidad consistente en no tener proceso iniciado en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Por estas razones, el juzgado especializado Constitucional, declara nulos todos los actuados del SIT, desde el 15 de abril del año 2016 y dispone la realización de una nueva convocatoria con absolutas garantías.

Ante las irregularidades advertidas, la jueza Karina Apaza, ordenó igualmente remitir copia de la sentencia al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones a que hubiera lugar en contra de funcionarios y servidores públicos que vulneraron derechos constitucionales; debiendo iniciarse procesos administrativos disciplinarios; en cuanto esta decisión quede firme.